La FFVV Guadalquivir dio una rueda de prensa el pasado jueves para hacer público los acuerdos que en Asamblea han tomado las asociaciones de vecinos que conforman la Federación Guadalquivir.

En primer lugar, Manolo Oliva quiso disculpar la ausencia de su presidente Antonio Jiménez que por motivos de salud se encontraba con su esposa gravemente enferma.
Oliva señalo que se había comunicado el problema a los presidentes de las diferentes asociaciones la noche anterior, a saber : las dos sentencias en firme de derribo de dos viviendas en Sanlúcar.
La federación, siguió Oliva, rechaza rotundamente estas sentencias porque no puede tolerar que se derriben las viviendas donde viven familias mientras que se permiten ilegalidades sin regularizar como la de la gran superficie.

Calificó de intolerable las sentencias por discriminatorias y falta de justicia. Entendía la federación que de las 6000 viviendas ilegales en Sanlúcar, muchas se hayan construidos en las parcelas cedidas por los padres a los infractores ante la imposibilidad de comprar una vivienda de VPO.

“En Sanlúcar es alarmante que en diez años las autoridades municipales sólo y exclusivamente hayan edificado 14 viviendas de protección oficial” denuncio Manuel Oliva. Debido a los precios desorbitados que obliga a los jóvenes a hipotecarse hasta 50 años en un mercado especulativo han llevado a esta situación.

Desde la Federación se pedía responsabilidad al gobierno de la ciudad para dotar de viviendas necesarias a la ciudad ya que las existentes son insuficientes.
En cuanto al posicionamiento que ha adoptado la Junta con respecto a este problema, la institución andaluza está por no hacer esos derribos sino darles solución.

Igualmente en esta misma posición está el defensor del pueblo andaluz que ya ha instado a la Junta para regularizar a las más de 70.000 viviendas ilegales en Andalucía.

Criticó a la alcaldesa, que no a los técnicos que hacen su trabajo, y rechazaron que se escuden en la sentencia firme y su obligación de cumplirla, pidiéndole - a la alcaldesa - incluso que si es necesario se modifique el PGOU, aunque si reconocía Manolo Oliva que todas las viviendas ilegales no se merecían el mismo tratamiento, como aquellas construidas con dinero “un poco raro” o aquellas de segunda ocupación

Para la FFVV "Guadalquivir" el ayuntamiento de Sanlúcar se había dorrmido en los laureles, porque hace años que desde la federación, se viene pidiendo solución a estos problemas con la regularización y la ordenación del territorio, pero no se había  hecho nada

Alabó Manolo Oliva la valentía de vecinos y políticos de ciudades limítrofes como la de Chipiona que han conseguido moratorias en sentencias firmes para derribo de vivienda

La Junta directiva ayer en la Asamblea tomó las decisionessiguientes

-Celebrar Asambleas para hacer  llegar la información a todos sus componentes

-Establecer un calendario de reuniones para informar a los vecinos.

-Crear banco de datos de las 6000 viviendas y valorar las sentencias  jurídicamente.

-Reuniones con la alcaldesa y urbanismo. Ya se le ha pedido a la edil que les convoque urgentemente

 - Convocar manifestación de los afectados si no se obtienen resultados.

"Queremos poner un punto y final. Entendemos que se debe construir una ciudad según los planes urbanísticos, pero también entendemos que se deben dar solución a los problemas de todos las familias en situación irregular con sus casas."

Manolo Caro quiso denunciar la alarma social producida, porque derribar una casa significaba derribar el hogar de una familia, mientras, se construyen 8000 metros cuadrados ilegales o alegales en Las Dunas. 

Se ha inaugurado con infracción urbanística de mas de 8000 metros cuadrados, y a la familia se le impone penas de cárcel por construir ( 18 meses) si tuviera antecedentes penales iría a la cárcel, mas la multa y coste de demolición de la vivienda 28.900 euros ( 5 millones de pesetas), dijo Manuel Caro.

Recordó que a Mari Carmen le tiraron su chalet en La Jara y un alcalde construyó un chalet tres veces mayor y aún sigue en pie. Queremos que siga en pie igual que los 8000 metros de la gran superficie pero hay que consensuarl.

No afirmaba Caro la relación  causa-efecto, pero mientras que se derribaba la  vivienda de Mari Carmen, ella estaba abortando  y a su lado se hacían chalets muchísimo más grandes.

Deseaba Caro la mayor de las felicidades para la familia del alcalde fallecido y lamentaba tener que hablar de un difunto, pero las circunstancias le obligaban. 

Afirmaba Caro que estos problemas tiene solución política a través de PGOU, teniendo en cuenta otras normas de rango superior como el POTA o ley de costas.