Se ha apelado a las emociones y no a la razón empresarial. Se ha apelado a “derechos patrimoniales” o “derechos históricos”. Se ha querido involucrar a la ciudad entera en la polémica; el derecho de Sanlúcar. Y, claro, ahí han entrado los políticos a saco. Sigámosles.
Repito que mi opinión al respecto es que el bien más preciado en juego es asegurar la asociación manzanilla-Sanlúcar y que, para ello, conviene aclarar que no se puede producir fino. Dada la facilidad tecnológica que se tiene para producir un vino que sepa y huela a manzanilla en muchos otros lugares, conviene a la ciudad proteger su exclusividad.
Sorprende que, leyendo el periódico de Sanlúcar, los oponentes más furibundos al nuevo reglamento sean precisamente de izquierdas. Supera mi entendimiento.
Veamos en qué afecta a Sanlúcar este conflicto. Vamos a estimar el Producto Interior Bruto (PIB) sanluqueño como el producto del número de habitantes por la renta per cápita y vamos a suponer que la renta per cápita de los sanluqueños es de 17.000 euros al año, algo menos que la media andaluza.
Ese cálculo da una cifra de unos 1.100 millones de euros. No es exacto, pero será aproximadamente esa cantidad si se tiene en cuenta toda la economía y no solamente la legal, sino también la opaca o de dinero negro y la otra.
No tengo cifras exactas, pero según la web del Consejo, se exportan unos 10 millones de litros de fino y en Sanlúcar están el 26% de las botas del Marco; vamos a suponer que el objetivo de las bodegas sanluqueñas es vender fuera ese 26% o unos 2,6 millones de litros. Como estamos hablando de vino vendido en marca blanca, vamos a suponer que el precio es de dos euros (generoso que es uno). O sea, que la máxima aspiración de las bodegas es aproximadamente aumentar el PIB sanluqueño en 5 millones de euros. Algo más si se consideran otros vinos.
En cualquier caso, la conclusión es que toda esta discusión afecta a algo menos del 1% del PIB sanluqueño. Uno entiende que algunas de las empresas bodegueras y sus directivos se peleen por ese 1%, pues puede llegar a significar su supervivencia (la de los directivos digo). También entiendo que pongan en riesgo la exclusividad de la manzanilla en Sanlúcar; les pagan para que sus accionistas ganen dinero. Eso sí, sigo sin entender que quieran crecer con base en exportar, cuando las exportaciones han caído a un ritmo del 6% anual los últimos años.
Pero no me cabe en la cabeza que el Ayuntamiento ponga en riesgo la marca manzanilla por algo menos que el 1% del PIB de la ciudad cuando ni siquiera hay unanimidad en las empresas bodegueras. Si la alcaldesa fuera del PP aún diría que ha cometido el error, propio de la derecha a veces, de sobreproteger a alguna empresa. ¡Pero una alcaldesa del PSOE defendiendo los intereses de algunos bodegueros a riesgo del resto de ciudadanos por un posible 1%! No entiendo la seguridad con la que afirma que el nuevo Reglamento “perjudica a Sanlúcar y no lo vamos a permitir”. ¿Quién asesora a esta mujer en temas vinícolas?
La oposición de COAG también supera mi entendimiento. La prensa habla de que tienen otro proyecto de reglamento. Supongo que será por otras razones por las que se oponen al aprobado. Porque COAG, ¿sigue siendo de izquierdas, no?.
Santiago Gallego
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