El ex alcalde Agustín Cuevas y el ex interventor municipal Juan Manuel Castillo irán a juicio el 7 de julio por el caso del Informe Terán

Bloque de Progreso.-El Bloque de Progreso manifiesta su satisfacción por el hecho de que tras diez años de espera se vaya a celebrar en la Audiencia Provincial de Cádiz el juicio por el caso del conocido como Informe Terán, motivado por supuestas facturas falsas del Ayuntamiento de Sanlúcar durante los años noventa.

La Audiencia Provincial ha fijado el inicio del juicio para el 7 de julio. Tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados el ex alcalde Agustín Cuevas, el funcionario municipal que era su interventor habilitado, Juan Manuel Castillo, otro empleado público y algunos familiares del ex interventor. Los delitos presuntamente cometidos son malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. Se acumula el trabajo para los abogados defensores de Agustín Cuevas después de su reciente revés en el llamado Caso Sanlúcar.

El fiscal pide para el ex alcalde Agustín Cuevas 9 años de prisión por la supuesta comisión de esos dos delitos, y para el ex interventor municipal Juan Manuel Castillo 20 años y 6 meses de cárcel por los mismos delitos. Las peticiones de prisión para los otros procesados son de 9 años y 8 meses.

Los hechos denunciados se refieren a la primera mitad de los años 90, pero posteriormente, cuando el PP y el PA pasaron a gobernar en Sanlúcar, mantuvieron la confianza en Juan Manuel Castillo. Hay que recordar que el todavía concejal del PP Marco Caballero incluso llegó a defenderlo públicamente. Quizá ahora quieran rectificar.

El Bloque de Progreso considera que hay que acabar de una vez por todas con la corrupción en el Ayuntamiento de Sanlúcar. El hartazgo de la población es evidente, porque no está dispuesta a seguir pagando las consecuencias por más tiempo. Por eso hay que investigar las escandalosas presuntas prácticas ilegales que hayan podido cometer determinados políticos, en algunos casos incluso con la connivencia de ciertos técnicos municipales. Por supuesto, la finalidad es depurar las correspondientes responsabilidades. La Justicia, en este asunto, como en otros pendientes de resolución judicial, tiene la última palabra. Y esperamos que quede claro para la opinión pública el hecho de que la corrupción, si se demuestra que efectivamente ha existido en el Ayuntamiento de Sanlúcar, recibe un castigo ejemplar.