IU SE VE OBLIGADA A LLEVAR EL CASO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DE VERANO A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

En el día de hoy, el candidato de IU a la alcaldía, Rafael Terán, en nombre de esta organización, ha puesto en manos de los tribunales de justicia de la ciudad todo lo concerniente a la contratación para la gestión de las llamadas Escuelas Municipales de Verano y Otras Vacaciones a una empresa propiedad del que fuera funcionario de empleo del PSOE, Francisco Collado.

Rafael Terán afirma que para IU no es grato llegar a estos extremos. No nos gusta judicializar la política, pero el ocultismo atávico del gobierno local y nuestro compromiso responsable contraído con los sanluqueños de fiscalizar y velar por la legalidad en todo momento de la gestión municipal del equipo de gobierno nos lleva a tomar este tipo de decisiones.

Antes de llegar aquí, continúa Terán, hemos agotado todas las vías posibles requiriendo información y explicaciones al alcalde Víctor Mora y a la delegada municipal de educación Elena Sumariva al respecto de este grave asunto, obteniendo silencio, excusas, insultos y descalificaciones. Hemos registrado escritos demandando información, hemos interpelado en el Pleno Municipal al alcalde, hemos presentado mociones exigiendo la constitución de una comisión de investigación que han sido sistemáticamente rechazadas por PSOE y CIS.

Sin ninguna explicación sobre el proceso de selección de dicha empresa ni tampoco sobre por qué se rescindió dicho contrato, tan solo se dijo que había existido una incompatibilidad sobrevenida desconocida para las partes, aunque se le permitió incomprensiblemente a la empresa que terminara el servicio en el verano.

La incompatibilidad no es “sobrevenida” sino que existía desde el principio del contrato y era conocida tanto por la delegada de enseñanza, como por la concejal de contratación y por el Alcalde, así como por el propio interesado, obviamente. Y aun así firmaron un contrato que surtió efectos durante dos o tres meses en verano hasta que se rescindió. Los beneficios de una empresa cercana al PSOE han salido de la esfera de lo público. Entendemos que una empresa de un funcionario (aunque sea de empleo) del Ayuntamiento no puede contratar con ese mismo Ayuntamiento. Podrían haber existido influencias incorrectas para obtener el contrato, podría existir adulteración de los precios, lo cual sería aún más grave. En este caso, los perjudicados serían los contribuyentes sanluqueños y/o los usuarios de un servicio público.

Entendemos que esto debe ser estudiado por la autoridad jurisdiccional oportuna ya que el equipo de gobierno PSOE/CIS no nos da una mínima explicación mínimamente convincente a pesar de ser concejales del Pleno del Ayuntamiento.

Por todo ello, finaliza el candidato a la alcaldía de IU, habida cuenta de que no hemos obtenido una explicación satisfactoria por los cauces normales, hemos optado por presentar este escrito en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que corresponda, a fin de aclarar los extremos relatados más arriba por si pudiesen ser constitutivos de delitos, entre los que podrían estar: malversación, tráfico de influencias y prevaricación.