Mediar entre los bancos y las familias

La Oficina recientemente creada en Sanlúcar para la Defensa del Derecho a la Vivienda Digna no está sirviendo para la intermediación con las entidades financieras que desahucian a quienes no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas. La Oficina funciona a modo de oficina posdesahucios, en tanto que se centra en la última fase, en la etapa en la que las familias van a ser desalojadas, promoviendo respuestas coyunturales centradas en el ámbito de los servicios sociales, que no soluciones a medio y largo plazo para estas familias. Hay que evitar, mediante la intermediación, que se desahucie a personas que no pueden afrontar el pago de sus hipotecas, no intervenir sólo cuando el desahucio se ha producido o está a punto de producirse.

Cuando se puso en marcha esta Oficina se le denominó Oficina de Intermediación de la Vivienda y a propuesta del grupo Por Sanlúcar Sí Se Puede se le cambió la denominación por Oficina de Defensa del Derecho a la Vivienda Digna, pero no por ello el equipo de gobierno debe eludir su responsabilidad, más aún tras haber sido aprobada recientemente una declaración institucional en el Pleno de Sanlúcar que proclamaba al municipio como “Ciudad Libre de Desahucios”. Se asiste, de nuevo, a políticas meramente simbólicas basadas en declaraciones efectistas que no vienen acompañadas de hechos que respalden tales declaraciones.

Hay que recordar que actualmente se dirimen en una comisión de Investigación municipal iniciada a propuesta de IU-Sanlúcar las posibles irregularidades y la discrecionalidad con que fueron contratadas la asistente social y la abogada para dicha oficina. Hay que recordar que el SAE de la ciudad emitió un escrito, a petición de IU, en el que certificaba que dicho órgano no había participado en la oferta para la contratación de la abogada. En el desarrollo de la investigación sabremos por qué se exigía para la contratación de la asistente social conocimiento de inglés y francés a nivel medio y para la abogada, tan solo francés a nivel medio y también, por qué para la contratación de esta última, después de rechazar la oferta del SAE, solo se tuvo en cuenta su curriculum.

Para IU, es fundamental que la nueva Oficina de la Vivienda funcione en todas las etapas, que trabaje en las tres fases: prevención, intermediación y protección. La Oficina ha de intermediar con las entidades financieras y ha de posicionarse junto a las familias. O se está con los bancos o se está con los desahuciados. El ayuntamiento, a través de esta oficina, debe implicarse directamente en las negociaciones con los bancos y ha de bonificar los alquileres sociales cuando las familias no tengan ingresos. Todo ello valorado desde los asuntos sociales.

IU lamenta que en Sanlúcar gobierne un gobierno débil con los fuertes y fuerte con los débiles, que se pone de perfil ante los problemas que azotan a la ciudad y que culpa a otras administraciones de su incapacidad para solucionarlos.

El gobierno local del PSOE en Sanlúcar no tiene una línea política planificada a largo plazo en materia de vivienda. No media con las entidades bancarias, no se sabe cuántas viviendas hay en Sanlúcar en manos de los bancos pese a las mociones aprobadas en pleno que lo exigen, no se negocia con los bancos la disposición por parte de éstos de viviendas mediante alquileres sociales a quienes no tienen recursos para afrontar un alquiler convencional o a quienes se ven obligados a ocupar una vivienda de su titularidad, no se construyen nuevas viviendas sociales y no hay una implicación directa desde lo público. El Ayuntamiento no soluciona los problemas de vivienda si no hay políticas que den solución a largo plazo, sino que se limita a echar balones fuera, tal y como hizo con respecto a la problemática de Las Corralas.

Lo único que el ayuntamiento de Sanlúcar ha hecho en los casi 9 años de gobierno del PSOE en materia de vivienda sido ceder terrenos a la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, eso sí, cuando la titularidad de la misma la ostentaba Izquierda Unida, para que desde ésta se construyeran nuevas viviendas. En cuanto el PSOE rompió el acuerdo con IU en Andalucía, el gobierno del Partido Socialista de Sanlúcar y Ciudadanos (hoy PSOE en solitario), guardó en un cajón sus reivindicaciones en materia de vivienda. A día de hoy, IU no sabe si la Consejería, en manos del Partido Socialista, ha recepcionado los terrenos cedidos por el ayuntamiento ni si planea construir viviendas sociales a corto plazo.

En definitiva IU no se contenta con un simple cambio de denominación de la nueva Oficina municipal en Defensa de la Vivienda Digna, y por ello exige que vaya aparejado de una reorientación de los cometidos de la misma para que se convierta en un instrumento eficaz de lucha antidesahucios y que el gobierno local del PSOE exija a la Consejería de Vivienda en la Junta de Andalucía, en manos del PSOE, inversiones en materia de vivienda tal y como hizo cuando la Consejería estaba dirigida por IU. Por todo ello, IU plantea llevar al próximo pleno ordinario del mes de febrero una moción en tal sentido.