IU Sanlúcar denuncia la persecución penal sobre las Corralas de la Dignidad

En estos días, 28 y 29 de marzo, más de 40 familias están siendo  juzgadas en los Juzgados de Sanlúcar por un delito de usurpación. Por ello, los concejales de IU han acudido a las puertas del Juzgado en solidaridad con las familias afectadas y la concejala de IU Carmen Álvarez ha declarado en la sesión de hoy lunes 28 de marzo.

IU-Sanlúcar ha desarrollado numerosas acciones tanto en el Pleno municipal como en el ámbito del activismo en defensa del derecho constitucional a una vivienda digna. Mientras otros partidos aprobaban recalificaciones que sólo han beneficiado a grandes constructores como la de la Loma de Carranza e impulsaban proyectos especulativos como la urbanización de Martín Miguel que encarecían la vivienda imposibilitando que numerosas familias accedieran a una; IU, ha venido exigiendo políticas eficaces en materia de vivienda que sitúen el Derecho constitucional a la vivienda digna por encima del beneficio privado de constructores y entidades bancarias.

Como ejemplo, el grupo municipal de IU llevó al Pleno de febrero una moción en la que se solicitó que la abogada de la Oficina de la Vivienda Digna asesore a las familias imputadas por un delito de usurpación, para que sea la Oficina de la Vivienda Digna la que medie con las entidades bancarias, propietarias de esas viviendas para ofrecer un alquiler social a las familias que los técnicos municipales hayan determinado que estén en riesgo de exclusión social e instar a la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía inversiones en Sanlúcar en materia de vivienda.

Además, IU ha participado en las concentraciones y manifestaciones convocadas por el colectivo en protesta por la imputación de un delito de usurpación del artículo 245.2 del Código penal, penado con multa de hasta seis meses, además de la apreciación de antecedentes penales para quienes resulten condenados.

Por ello, IU reclama el cese de la ofensiva judicial contra el colectivo y que las administraciones competentes, Junta de Andalucía y ayuntamiento, se tomen la problemática de la vivienda como una prioridad, que dejen de ponerse de perfil y que negocien con las entidades bancarias para conseguir la cesión de las viviendas de los bancos para ponerlas a disposición de quienes acrediten ante los servicios sociales municipales estar en situación de exclusión social y de emergencia habitacional.