La movilización social evita el desalojo de varias familias de Las Corralas
La movilización social y la protesta en las instituciones y en las calles por parte del Colectivo y las organizaciones que lo apoyan contribuyen a evitar el desalojo de varias familias que habían sido imputadas por un delito de usurpación del art. 245.2 del CP.
Ya han sido notificadas las sentencias a varias familias del colectivo de Las Corralas imputadas por un delito de usurpación. Finalmente, las familias han resultado ser condenadas, pero no tendrán que desalojar los inmuebles.
Además, el Juez ha tenido en cuenta la situación de exclusión social en que se encuentran las familias, rebajando el pago de la multa a la mitad de lo que solicitaba el Ministerio Fiscal, pasando de una cuantía de 6 euros diarios durante 3 meses (540 euros en total) a una cuantía de 3 euros (270 euros en total).
Las sentencias tienen en cuenta que las viviendas estaban vacías en el momento de ser ocupadas y que las familias que ocuparon las viviendas han llevado a cabo arreglos en las mismas. Las pruebas gráficas que la concejala de IU, Carmen Álvarez, aportó al juez han sido muy importantes para valorar el estado de abandono en que se encontraban los inmuebles antes de ser ocupados.
Recientemente, Inma Nieto, diputada andaluza de IU por la provincia de Cádiz, se interesó por la problemática de la vivienda en Sanlúcar, visitando varias viviendas ocupadas y anunció acciones en el Parlamento Andaluz para combatir la falta de políticas eficaces en materia de vivienda.
Sin duda, la movilización del Colectivo y el apoyo de las organizaciones de izquierdas de la ciudad han contribuido a sensibilizar a la opinión pública y a la administración de Justicia, todo ello pese a la pasividad de un ayuntamiento que no ha atendido los requerimientos de las familias ni de Izquierda Unida, que solicitó en varias ocasiones que el Equipo de gobierno diera un paso al frente y se implicara de lleno en buscar soluciones a la problemática de la vivienda en la ciudad.
Hay que recordar que el equipo de gobierno PSOE-Ciudadanos disolvió a EMUVISAN, dejando en la calle a los trabajadores, además de dejar a una ciudad como Sanlúcar, con la problemática que tiene en materia de vivienda, sin una empresa municipal que ejecute políticas eficaces en materia de vivienda.
Para IU, la ocupación no es un problema sino una consecuencia de la situación en que se encuentra Sanlúcar (altísimos niveles de paro) y de una política en materia de vivienda inexistente por un PSOE que en 9 años no ha construido una sola vivienda social en la ciudad a la vez que se niega a negociar un alquiler social con las entidades bancarias propietarias de las casas ocupadas, entidades que pese a que han sido rescatadas con dinero público, siguen desahuciando a quienes por pérdida de empleo no pueden hacer frente al pago de las hipotecas y aplicando cláusulas abusivas como las cláusulas suelo, anuladas únicamente en procesos judiciales dada la falta de voluntad política del legislador para poner fin a las mismas.
IU exige al ayuntamiento que exija ahora a sus compañeros de partido en la Consejería de Vivienda lo mismo que pedían a IU durante el tiempo en que ostentó la referida Consejería, esto es, inversiones y políticas eficaces y valientes en materia de vivienda. El ayuntamiento debe atender a las familias y garantizar que ninguna familia se quede tirada en la calle sin una alternativa habitacional.
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