Sanlúcar libre de prostitución

La prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida y no una profesión que hay que reglamentar porque es una forma de violencia de género extrema: «lo que las mujeres prostituidas y hombres tienen que soportar equivale a lo que en otros contextos correspondería a la definición aceptada de abuso sexual y violación reiterada. ¿El hecho de que se pague una cantidad de dinero puede transformar ese abuso en un «empleo», al que se le quiere dar el nombre de "trabajo sexual"?

Regular la prostitución legitima implícitamente las relaciones patriarcales: equivale a aceptar un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, establecer y organizar un sistema de subordinación y dominación de las mujeres, anulando la labor de varios decenios para mejorar la lucha por la igualdad de las mujeres.

Al legitimarla se convierte en un soporte del control patriarcal y de sujeción sexual de las mujeres, con un efecto negativo no solamente sobre las mujeres y las niñas que están en la prostitución, sino sobre el conjunto de las mujeres como grupo, ya que la prostitución confirma y consolida las definiciones patriarcales de las mujeres, cuya función sería la de estar al servicio sexual de los hombres.

Si reglamentamos la prostitución, integrándola en la economía de mercado, estamos diciendo que esto es una alternativa aceptable para las mujeres y, por tanto, si es aceptable, no es necesario remover las causas, ni las condiciones sociales que posibilitan y determinan a las mujeres a ser prostituidas. A través de este proceso, se refuerza la normalización de la prostitución como una «opción para las pobres».

Si convertimos esta violencia en una profesión como otra cualquiera para las mujeres. ¿Cómo podremos educar para la igualdad en una sociedad donde las niñas sabrán que su futuro puede ser prostitutas, viendo a otras exhibirse en escaparates al estilo del barrio rojo de Holanda, y los chicos sabrán que puede usarlas para su disfrute sexual si tienen el suficiente dinero para pagar por ello?

En una sociedad que regule la prostitución estamos socializando a niños y niñas en valores claramente diferenciados: A los niños, en que ellos como hombres, van a poder comprar, pagar por usar, el cuerpo, la atención, el tiempo… de las mujeres. Y a las niñas, en que ellas como mujeres, pueden estar al servicio de los hombres. Quizás no ellas personalmente o directamente, pero sí las mujeres, muchas mujeres. Si se regula la prostitución, educar en la igualdad en nuestras ciudades va a ser imposible.

Por eso compartimos y defendemos claramente la ambiciosa postura del movimiento abolicionista que busca ir a la raíz de un problema que afecta a los derechos humanos. Derechos que en tanto que esenciales están fuera de discusión: los de toda persona a no ser abusada ni utilizada sexualmente, ni de forma gratuita ni a cambio de ninguna compensación económica. De ahí que el foco debamos dirigirlo a las personas que demandan, la clientela, los prostituidores. Porque sin demanda, la oferta desaparece.

Estamos inmersos no solo en una lucha económica, sino también en una lucha ideológica, de valores y en una lucha por construir otra subjetividad y otra conciencia social. Si queremos construir realmente una sociedad en igualdad hemos de centrar las medidas en la erradicación de la demanda, a través de la denuncia, persecución y penalización del prostituidor (cliente) y del proxeneta: Suecia penaliza a los hombres que compran a mujeres o niños con fines de comercio sexual, con penas de cárcel de hasta 6 meses o multa, porque tipifica este delito como «violencia remunerada». En ningún caso se dirige contra las mujeres prostituidas, ni pretende su penalización o sanción porque la prostitución es considerada como un aspecto de la violencia masculina contra mujeres, niñas y niños.

Cambiar el destino de las mujeres y hombres que están en la prostitución pasa por plantear un sistema económico justo y sostenible que incorpore en igualdad a ambos sexos. Cambiar su destino pasa por perseguir a las mafias y no favorecer su instalación en nuestro país con leyes permisivas y con modelos económicos basados en el ladrillo o en “Eurovegas” en nuestras ciudades. Cambiar su destino pasa por transformar la mentalidad de esos varones, no sólo con multas que les quiten las ganas sino con una educación que obligue a los medios a cambiar la imagen de la mujer como objeto sexual y a los hombres a corresponsabilizarse emocional y vitalmente. Cambiar su destino pasa porque los derechos de las mujeres dejen de ser derechos de segunda y pasen a formar parte de verdad de los derechos humanos.

Se dice que la prostitución siempre ha existido, dicen. También las guerras, la tortura, la esclavitud infantil, la muerte de miles de personas por hambre. Pero esto no es prueba de legitimidad ni validez. Tenemos el deber de imaginar un mundo sin prostitución, lo mismo que hemos aprendido a imaginar un mundo sin esclavitud, sin apartheid, sin violencia de género, sin infanticidio ni mutilación de órganos genitales femeninos. Sólo así podremos mantener una coherencia entre nuestros discursos de igualdad en la sociedad y en la educación y las prácticas reales que mantenemos y fomentamos.

Por eso nuestro municipio debe implicarse activamente, hoy más que nunca, en esta lucha por la igualdad de hombres y mujeres apostando por la abolición de la prostitución empezando este compromiso por unirnos a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución

2. Que nuestro Ayuntamiento diseñe una campaña periódica para sensibilizar y convencer a la población de que la prostitución es igual a violencia de género y explotación sexual de las mujeres, visibilizando al denominado eufemísticamente «cliente», siempre en el anonimato y justificado socialmente, buscando deslegitimar social y públicamente a los prostituidores, protagonistas, actores responsables y cómplices activos en esta forma de violencia de género.

3. Que nuestro ayuntamiento al Gobierno Central y a nuestra Comunidad Autónoma que se aplique realmente la ley, persiguiendo el tráfico de mujeres y personas, y a los proxenetas que están campando por sus fueros en los clubes y burdeles de carretera que todo el mundo conoce.

4. Que en colaboración con la Administración Central y Autonómica nuestro Ayuntamiento centre la acción en la erradicación de la demanda, a través de la denuncia, persecución y penalización del prostituidor (cliente) y del proxeneta, exigiendo al Gobierno Central que establezca de forma urgente una normativa que penalice, como en Suecia, a los hombres que compran a mujeres con fines de comercio sexual, con penas de cárcel de hasta 6 meses y multa.

5. Que nuestro Ayuntamiento, siguiendo el ejemplo de la normativa sueca, en ningún caso dirija su acción contra las mujeres prostituidas, ni pretenda su penalización o sanción, sino que, en colaboración con la Administración Central y Autonómica, provea de fondos para servicios sociales integrales que sean dirigidos a cualquier prostituta que desee dejar esa ocupación ayudando a las mujeres que abandonen la prostitución.

6. Que nuestro Ayuntamiento apueste también por una intervención preventiva de las causas frente a la represora de las consecuencias, exigiendo al gobierno y a las administraciones centrales y autonómicas erradicar la precariedad del mercado laboral y las condiciones de explotación que en él se viven, que provocan el que la prostitución sea a veces la única alternativa para poder pagar las deudas o mantener a la familia. En vez de beneficiarse de los impuestos recaudados de la industria del sexo, exigiremos al gobierno que embargue los bienes de la “industria del sexo” e invertirlos en el futuro de las mujeres que están en la prostitución proporcionando recursos económicos y alternativas reales.

7. Que nuestro ayuntamiento inste al Gobierno Central y Autonómico para que establezca normativa que impida que los medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales, se lucren con la explotación sexual de las mujeres ofertando servicios sexuales en anuncios o publicidad, que suponen una forma de colaborar con la prostitución que controlan proxenetas y mafias y una forma de colaborar con violencia contra las mujeres.

8. Que se de traslado de la presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma Andalucía y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado.