El gobierno local (PSOE) miente de nuevo con respecto a los aliviaderos
Una vez más, los sanluqueños, a través de impuestos y tasas, tendrán que afrontar las consecuencias de la deficiente gestión municipal del PSOE, que ha tenido más de 9 años para intentar, al menos, solucionar el problema de los aliviaderos, esta vez, para pagar un estudio encargado a una empresa privada por parte de la GMU.
El Partido Socialista lleva más de nueve años gobernando en Sanlúcar, la mayor parte en coalición con Ciudadanos. En esos nueve años, han abierto ilegalmente los aliviaderos en incontables ocasiones y no han trabajado para lograr una solución al grave problema de contaminación que supone abrir los aliviaderos continuamente.
El día 15 de septiembre, el gabinete de prensa del ayuntamiento emitió un comunicado señalando que volvían a abrir los aliviaderos “para garantizar la seguridad de las viviendas situadas en las zonas más bajas de la ciudad” y que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha encargado un estudio a una empresa para buscar una solución definitiva al problema de los aliviaderos.
Una vez más, el gobierno del PSOE miente cuando sostiene que se abren los aliviaderos cuando se prevén aguaceros intensos para evitar que la sobrecarga por las aguas de lluvia provoque inundaciones en diversos puntos de la ciudad. Y mienten porque la la previsión para aquel día no llegaba ni a 11 mm. de agua.
La Plataforma Agua Clara señala que en los datos relativos a los aliviaderos correspondientes a 2014, que el propio Ayuntamiento entregó en junio de 2016, reconocen que los aliviaderos estuvieron abiertos casi todo el invierno. Además, según la Plataforma, los análisis muestran que un gran porcentaje de lo que se vierte es agua prácticamente fecal.
Una vez más, se encarga la ejecución de un estudio a una empresa privada, como si no hubiese técnicos municipales plenamente capacitados para realizar un estudio que aporte soluciones al problema de los aliviaderos.
El encargo de trabajos y estudios a empresas privadas en lugar de a los propios trabajadores públicos (muchos de ellos plenamente capacitados para ello) parece ser una práctica habitual de los gobiernos de la Juntade Andalucía y del Ayuntamiento de Sanlúcar. Estudios y trabajos que pueden ser realizados a coste cero para la administración si los realizan trabajadores públicos, finalmente tendrán que ser abonados por los sanluqueños a través de impuestos y tasas.
El equipo de gobierno del PSOE lleva años diciendo que el agua que salía por los aliviaderos eran aguas pluviales y, sin embargo, ahora dicen que para solucionar el problema que los aliviaderos ocasionan en la playa hay que mejorar las actuales condiciones de vertido de aguas residuales al medio receptor, es decir, las playas. Hablan de mejorar, no de evitar, que por los aliviaderos se viertan aguas residuales a las playas sanluqueñas, hechos que IU venía denunciando durante años y ellos negaban irresponsablemente una y otra vez.
Una vez más, los sanluqueños, a través de impuestos y tasas, tendrán que afrontar las consecuencias de la deficiente gestión municipal del PSOE, que ha tenido más de 9 años para intentar, al menos, solucionar el problema de los aliviaderos.
