Uno de los pilares básicos que dio origen e impulsó a Podemos es la lucha por la transparencia en la gestión pública como primera medida para combatir la corrupción y como derecho fundamental de la ciudadanía para conocer cómo se gestionan los recursos públicos y poder participar en la toma de decisiones. En el marco de este principio es que Sí Se Puede presentará mañana martes en el Pleno municipal la propuesta para que el Ayuntamiento de Sanlúcar adopte el Código de Buen Gobierno. Se trata de establecer un conjunto de directrices o pautas, que guíen y orienten a todas las personas relacionadas con el Ayuntamiento en su trabajo diario; tanto en el desarrollo de la actividad como en la forma en la que interactúan con los ciudadanos, empleados, proveedores, otras administraciones públicas, y con la sociedad en general.

La vivienda sigue siendo uno de los principales problemas de Sanlúcar. Pese a que impulsamos la Oficina de Vivienda Municipal, dada la inacción y poca sensibilidad manifiesta del equipo de gobierno actual en materia de vivienda, nos vemos obligados a impulsar una serie de medidas que pongan a disposición de la ciudadanía las viviendas vacías en manos de entidades financieras, tal y como se viene reclamando desde hace tiempo por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), desincentivar la utilización anómala y penalizar si fuera necesario por mantenerlas deshabitadas con fines especulativos. Es preciso que los ayuntamientos defiendan la autonomía municipal satisfaciendo las necesidades habitacionales de la población.

La moción de Sí Se Puede que se presenta en relación a las ofertas de empleo público que se han dado a conocer estos días como “Programas emple@ joven y emple@30+”, exige que la Junta de Andalucía se haga cargo de la financiación de estos planes que con tanto empeño publicitan y utilizan como herramienta clientelar. Estos planes ya cuentan con financiación de la unión Europea pero se esconde a la población de las localidades donde se implementa quien está asumiendo la mayor parte del coste o inversión a realizar para su puesta en marcha, ya que la Junta elude su responsabilidad y la deriva a los ayuntamientos. Por lo que una vez más se vuelve a cargar sobre las maltrechas haciendas locales, altamente endeudadas por la aplicación de políticas fallidas y encorsetadas por la Ley Reguladora de Haciendas Locales y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Administración Local, planes faltos de financiación y sobrados de demagogia.