Mestre demanda a Víctor Mora que reclame los 7,8 millones de euros que la Junta le debe a Sanlúcar
La presidenta del Partido Popular, Ana Mestre, demanda al equipo de gobierno de Víctor Mora que se sume a la reclamación de la deuda de 7,8 millones de euros que la Junta de Andalucía mantiene con Sanlúcar, en definitiva con todos y cada uno de los sanluqueños.
Para Mestre es necesario reclamar esa deuda a la administración andaluza, ya que “existe una ley que lo refrenda y de ella es desde donde se hacen los cálculos y desde donde se reclama lo que corresponde a Sanlúcar”. Dicha ley 6/2010 se pone en funcionamiento y se dota a los ayuntamientos de una financiación incondicionada, es decir, “los ayuntamientos perciben transferencias desde la Junta de Andalucía, para poder invertir donde fuese mas necesario en cada ciudad, siendo fundamental para cubrir los servicios que deben recibir los ciudadanos”.
Pero en el año 2013 la Junta de Andalucía decide congelar estos fondos, lo que supone que desde ese año hasta el 2018 Sanlúcar ha dejado de percibir 7,8 millones de euros, incumpliendo su propia ley, vulnerando y perjudicando la calidad de los servicios públicos que deben ofrecer las administraciones locales a sus vecinos.
Por todo lo anterior, desde el Partido Popular requerimos a Víctor Mora y su equipo de gobierno que “alcen la voz y reclamen a Susana Díaz que descongele estos fondos de financiación tan necesarios para Sanlúcar”. Y podamos invertir lo que por ley se nos debe, señala Mestre “en el mantenimiento de los parques infantiles, en urbanizar la parcela cedida para el nuevo parque de bomberos, en mejorar los servicios de playas, en la puesta en marcha de un plan integral de limpieza, en planes de empleo, y en medidas extraordinarias de alquiler”.
Finalmente exigimos que se cumpla la ley, y que Víctor Mora, que ya no tiene excusas, se sume a la reclamación y por una vez se ponga de lado de los sanluqueños reclamando los 7,8 millones de euros que le debe a los sanluqueños el Gobierno socialista de Andalucía, porque está obligado no solo por una cuestión económica sino por una ineficacia e ineptitud absoluta. Sanlúcar lo requiere para generar empleo y oportunidades, y para construir el futuro de las nuevas generaciones de Sanlúcar.
