a) Que la delimitación de la colisión entre tales derechos ha de hacerse caso por caso y sin fijar apriorísticamente límites entre ellos.

 

b) Que la tarea de ponderación o proporcionalidad ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta la prevalente, que no jerárquica o absoluta, que sobre los derechos denominados de la personalidad, del artículo 18 de la CE ostenta la libertad de expresión e información.

 

Dentro de este orden de cosas, es también necesario que la información transmitida sea veraz y, además, que esté referida a asuntos de relevancia pública que sea de interés general por las materias a las que se refieren y por las personas que en ellas intervienen. Por ello, para que pueda darse la preeminencia del derecho fundamental a informar y a expresar opiniones, la jurisprudencia viene exigiendo que estén presentes y concurran ineludiblemente las siguientes situaciones:      

1. Un interés general y relevancia pública de las informaciones divulgadas.

 

2. Que en consecuencia el derecho a informar se verá disminuido esencialmente en lo que se refiere a personalidades públicas que, al haber optado libremente por tal condición, deben soportar cierto riesgo.

 

3. Que la información ha de ceñirse a una información que sea veraz, y así será la información comprobada y contrastada según los cánones de profesionalidad informativa.

 

Es en este sentido, respecto del carácter noticiable o relevancia pública de los hechos relatados en el artículo periodístico, en el que cabe detenerse por cuanto que de su propia esencia o interés público se desprende la posición predominante que en nuestro ordenamiento jurídico ocupa la libertad de información que no sólo protege un interés individual sino que entraña el reconocimiento y garantía de la existencia de una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político propio de un Estado Democrático.

 

Respecto del carácter noticiable o relevancia pública de los hechos ha destacado, la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, que incluye “tanto la materia u objeto de aquélla, que debe referirse a asuntos públicos de interés general que contribuyan a la formación de la opinión pública; como de las personas implicadas en los hechos relatados, que deben tener el carácter de personaje público o con notoriedad pública – Sentencias del Tribunal Constitucional: 144/1998 de 30 de junio; 134/1999 de 15 de julio; 11/2000 de 17 de enero; 112/2000 de 5 de mayo). En relación a la categoría de “personajes públicos” deben incluirse, desde luego, las autoridades y funcionarios públicos, quienes deben soportar, en su condición de tales, el que las actuaciones en el ejercicio de sus cargos y funciones se vean sometidos al escrutinio de la opinión pública y, en consecuencia, a que no sólo se divulgue información sobre lo que digan o hagan en el ejercicio de sus funciones, sino, incluso, sobre lo que digan o hagan al margen de las mismas, siempre que tenga una directa y evidente relación con el desempeño de sus cargos. En estos casos, y en tanto lo divulgado se refiera directamente al ejercicio de las funciones públicas, no puede el individuo oponer sin más los derechos del artículo 18.1 de la CE. Por el contrario, fuera de tales supuestos, y cuando lo divulgado venga acompañado de expresiones informativas injuriosas o se refiera a cuestiones cuya revelación o divulgación es innecesaria para la información, es evidente que el personaje público es, a todos los efectos, un particular como cualquiera (Sentencia del Tribunal Constitucional 192/1999 de 25 de octubre).

 

En cuanto al requisito de la veracidad de la información, ha de traerse nuevamente a colación la doctrina del Tribunal Constitucional en el sentido de que “no va dirigido a la exigencia rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, sino a negar la protección constitucional a los que transmiten como hechos verdaderos, bien simples rumores, carentes de constatación, o bien meras invenciones o insinuaciones sin comprobar su realidad mediante oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente; todo ello sin perjuicio de que su total exactitud pueda ser controvertida o se incurra en errores sustanciales que no afecten a la esencia de lo informado. La razón de ello se encuentra en que cuando la Constitución requiere que la información sea veraz no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas como estableciendo un deber de diligencia sobre el informador a quien se le puede y debe exigir que lo que transmite como hechos haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos”.

 

QUINTO.- Partiendo de la anterior doctrina, debe examinarse si las expresiones recogidas las dos ruedas de prensa antes dichas son o no constitutivas de una intromisión ilegítima en el honor de la actora.

 

Por ello, la tutela jurisdiccional del derecho que solicitan el demandante en el proceso tiene como presupuesto fáctico las manifestaciones y expresiones vertidas las dos ruedas de prensa antes dichas, efectuadas con vocación de publicidad, en las cuales se hizo alusión al Sr. Oliva Sumariva.

 

En este sentido, debe de concretarse: en primer lugar, el propio concepto del derecho al honor y, en segundo lugar, si puede calificarse jurídicamente las manifestaciones dirigidas al Sr. Oliva como vulneradoras del derecho al honor objeto de controversia, bien por la falta de veracidad de las informaciones, o bien por la falta de interés público o noticiable o ambas conjuntamente. 

 

SEXTO.- En relación al concepto de honor, teniendo en cuenta para ello su concepto doctrinal e incluso jurisprudencial recogido entre otras en Sentencias del TS en las de fecha 31 de marzo de 2010, 16 de julio de 2009 y 17 de febrero de 2009,  “el honor tiene un sentido subjetivo y un sentido objetivo; el primero es el sentimiento de la propia persona, en su consideración personal, la inmanencia, representado por la estimación que cada persona hace de sí mismo y el segundo es la trascendencia o exteriorización, representado por la estimación que los demás hacen de nuestra dignidad; ambos se deben complementar y ambos, se concretan en la dignidad de la persona.”

 

De todo lo anterior, aplicándolo al caso concreto y analizando el escrito de interposición de demanda, resulta que las manifestaciones y la narración de hechos efectuados por el Sr. Romero Caro en las dos ruedas de prensa, con referencia mínima al Sr. Oliva, no pueden alcanzar la categoría intromisión en el honor entendida: en primer lugar, por razón de su contexto, por cuanto de análisis de ambas ruedas de prensa se colige la narración de unos hechos que son adverados por la documental obrante en autos, siendo cierto que: tras la liberación sindical del Sr. Oliva en los partes de trabajo diarios del personal del Excmo. Ayuntamiento de Sanlucar de Barrameda no consta el puesto de trabajo que desarrollaba a diario, siendo que el responsable de su confección daba cuenta de tal incertidumbre con expresiones de “no se sabe”, entre otras, por cuanto las afirmaciones en tal sentido ninguna encierra un vejación intolerable. Igual sentido ha de correr las expresiones del referidas al salario del actor (el cual obra en autos que cobraba plus de asistencia y gratificaciones extraordinarias sin  que constase su trabajo a su jefe de personal, como indicó en el acto de la vista), y las relativas a la consecución de un puesto puestecico, puesto que si bien la expresión no se considera acertada por el cariz que el uso del diminutivo comporta, cierto es que se ha depuesto en vista en el sentido de que el proceso para la oferta del puesto de trabajo de maestro de obras no fue publicada (así lo indicó el Sr. Salas Bustamante), ni notificado a los rechazados (así lo indicó el Sr. Palomino Hermosilla), siendo como es incontrovertido la promoción profesional del actor al cargo de maestro de obras.

 

En segundo lugar, por razón del sujeto pasivo, persona o personas que se sienten agraviadas, Sr. Oliva, el cual, como en otro fundamento se expondrá con mayor precisión, es una personas públicas o con proyección pública de varios años precedentes, pues la ofensa que se dice vertida hacía la misma se encuentra en íntima conexión con actividades directamente vinculadas al conjunto del municipio de Sanlucar de Barrameda, resulta cierto, y así se constata como un hecho que durante un tiempo sus compañeros de corporación, ni siquiera sus jefes más directos, supieron de las ocupaciones laborales del Sr. Oliva, pese a dirigirse CC.OO al responsables del Ayuntamiento para que se le indicase, respondiendo este finalmente con sendos comunicados tajantes pero huerfanos de toda explicación, por cuanto, y dada la transcendencia publica de la cuestión planteada, aún más si tenemos en cuenta que el Sr. Oliva no es un trabajador más del Ayuntamiento, sino un trabajador que durante un tiempo prolongado ha estado sujeto a un cargo sindical con intima relación con los políticos de dicha corporación local, supone que esté sujeto a la formación de una opinión pública libre, íntimamente vinculada al interés que se suscita por lo público y por la necesidad de los ciudadanos de conocer el correcto o incluso incorrecto funcionamiento de las administraciones, en aras a garantizar a través de la crítica vertida hacía ellos por los medios de comunicación un normal funcionamiento de los poderes públicos, sujetos, no sólo a controles constitucionales.

 

Esto enlaza con lo dispuesto en la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, sec. 8ª, S 19-4-2004, nº 129/2004, rec. 391/2003:

 

“la proyección pública de uno y otro, políticos en la misma ciudad de Lugo, que califica sus relaciones; se ha dicho y se reitera que en la persona de proyección pública, el honor disminuye, la intimidad se diluye y la imagen se excluye. Lo cual ha tenido especial repercusión en temas políticos, como el que recoge la sentencia de 4 de junio de 2001 EDJ 2001/8501 y, en general, respecto a las personas de proyección pública, desde la del Tribunal Constitucional de 27 de octubre de 1987 EDJ 1987/165 y la de esta Sala de 17 de mayo de 1990

 

En tercer lugar, por la libertad de información, que la parte actora parece enlazar de alguna forma con tintes de contienda sindical, (precediendo su dimisión del comité).

 

SEPTIMO.- Como ya se ha expuesto, el carácter público del demandante no aparece referido tanto a su vida personal, como a actividades privadas, sino al hecho cierto y constatable en los propios autos, por ser antiguo miembro del comité de empresa por CC.OO, y trabajador del Excmo. Ayuntamiento de Sanlucar de Barrameda en la actualidad tras su liberación del sindicato.

 

En relación al carácter inveraz que se atribuye a las expresiones vertidas en las ruedas de prensa sobre que no se sabía donde trabajaba el Sr. Oliva conviene analizar la documental obrante en autos para darse cuenta a todas luces que difícilmente puede considerarse una intromisión en el derecho al honor del demandante tal expresión vertida públicamente cuando consta que el propio maestro de obras encargado de hacer los partes de trabajo, tras la liberación sindical en julio de 2011, nunca supo en qué trabajaba a diario el Sr. Oliva, como prueba que en los partes diarios indicase que no sabía cuál era su ocupación. Ni que decir tiene que tan pronto se le dijo que quedaba bajo la directa supervisión de la Delegada de Personal S. Gordillo, pasó a dejar se poner en los partes de trabajo expresión alguna referido al Sr. Oliva, el cual aparecía en diferente letra (pequeña y sombreada), diferenciándolo por tanto del resto de trabajadores sobre los que sí controlaba su actividad.

 

En este sentido ha de tenerse en cuenta la prueba practicada, básicamente de las documental y testificales propuestas, (así como del interrogatorio del demandado), se puede concluir que las expresiones imputadas por el actor al demandado son expresiones sesgadas de una conversación referido al Ayuntamiento de Sanlucar, no al Sr. Oliva específicamente, así como las referidas al actor, en su conjunto no pueden ser calificadas de inveraces ni atentatorias contra el derecho al honor del actor.

 

Ello es así por cuanto es jurisprudencia unánime el entender la veracidad aplicada a la información, como el resultado de una actividad diligente desplegada por el comunicador en la comprobación de que la información que pretende difundir se ajusta a la realidad, aunque, finalmente, se demuestre que dicha información no sea exacta e, incluso, pueda resultar, tras el proceso judicial o investigador correspondiente, falsa. Lo expuesto es así porque en un estado democrático, la libertad de prensa e información es el exponente mayor del ejercicio de las libertades públicas, pues, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de julio de 1995 “el derecho de un profesional del periodismo a informar y el de los lectores a recibir información íntegra y veraz, constituye una garantía constitucional cuya efectividad exige, en principio, excluir la voluntad delictiva de quien se limita a transmitir, sin más, información…”

 

En el presente caso, ya se ha indicado que durante un tiempo extenso que el maestro de obras debía fiscalizar el trabajo del Sr. Oliva no se supo donde trabajaba, y después tampoco, hasta su nombramiento como maestro de obras, aunque no tuviese que fiscalizarlo el anterior maestro, al quedar bajo la supervisión de la delegada de personal, es más, a fecha de hoy con la demanda tampoco se ha explicitado su ocupación real y efectiva en tal período pese al tenor de la demanda.

 

....y Parte 6ª