 IU: Mestre debe exigir públicamente a su partido que retire el recurso contra la Ley de la función social de la vivienda
Para IU Sanlúcar, solo desde el cinismo político más absoluto se puede entender la repentina preocupación de Ana Mestre por la situación de las 160 familias sanluqueñas que han tenido que ocupar una vivienda en nuestra ciudad, repentina preocupación que le ha llevado a interpelar a la Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en este sentido en el parlamento andaluz.
IU, consciente del grave problema de acceso a la vivienda en nuestra comunidad autónoma, se puso como objetivo desde el gobierno andaluz buscar herramientas eficaces para poder paliar este grave problema y fruto de ello fue la Ley Andaluza de la Función Social de la Vivienda.Esta Ley está concebida como un “plan de choque para frenar la sangría social" que suponen los desahucios, con medidas como la Expropiación Temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas a las personas jurídicas (bancos, filiales, entidades de gestión….) que estén en proceso de ejecución o hayan sido embargadas a aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas y no tengan alternativa habitacional.
Esta Ley hoy día no se puede aplicar, precisamente, porque el PP de la señora Mestre la tiene paralizada en el Tribunal Constitucional.
Por esta razón, no sabemos si este ejercicio de cinismo político de la señora Mestre es fruto de la ignorancia o es fruto de un nuevo episodio de hipocresía social a la que nos tienen acostumbrado los dirigentes del PP. En cualquiera de los casos, esta señora atenta a la inteligencia de los sanluqueños.
A pesar de que la Ley de la Función Social de la Vivienda no se pueda aplicar, por estar recurrida por el PP, desde la Consejería de Fomento y Vivienda, gestionado por Elena Cortés de IU, se está trabajando para mediar entre las familias afectadas y los bancos o inmobiliarias propietarias de las viviendas ocupadas en nuestra ciudad, protegiendo el derecho de las familias a una vivienda digna a cambio de un alquiler social pactado con la entidades propietarias de las viviendas ocupadas.
No obstante, la Consejería de Fomento y Vivienda ha puesto en marcha una convocatoria de ayudas al alquiler para familias desahuciadas o en riesgo de desahucio por cuantía de 2,2 millones de euros.
Por tanto, si la señora Mestre quiere ayudar a las 160 familias sanluqueñas que han tenido que ocupar una vivienda, lo que tiene que hacer es exigir a su partido que retire el recurso de inconstitucional, que hace que la Ley de la Función Social de Vivienda no se pueda aplicar en nuestra ciudad y en el resto de Andalucía, todo lo demás se trata de pura demagogia de la señora Mestre y del PP de Sanlúcar.
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