El ayuntamiento se ve obligado a pagar más de 45 000 euros de viajes a Doñana organizados por el gobierno del PP
El Ayuntamiento de Sanlúcar tendrá que pagar otros 45 000 euros por una factura de mediados de 2007 de viajes a Doñana organizados por el entonces Gobierno del Partido Popular para personas y colectivos, de los que no se tiene ninguna constancia en el Consistorio. Así lo acredita la primera sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Cádiz, que desestimó la demanda interpuesta por la empresa onubense que gestiona este tipo de viajes por el Coto, pero tras cuyo recurso de apelación el TSJA obliga ahora al Ayuntamiento a abonar este dinero en virtud del principio de “prohibición de enriquecimiento injusto” de la Administración.
El Juzgado de lo Contencioso reconocía en su sentencia que el Ayuntamiento de Sanlúcar, en fechas previas a las elecciones municipales de 2007, puso en marcha el programa 'Conozca Doñana', que generó una factura de 45 360 euros a favor a la empresa que se encarga de estos servicios en la provincia de Huelva. Sin embargo, no queda acreditada la prestación del servicio, no se justificó la relación de personas ni colectivos que participaron y no había reserva de crédito, y tampoco se llevó a cabo la supuesta contratación de acuerdo con la normativa que rige las contrataciones de las administraciones públicas.
En el Ayuntamiento no hay prueba de que viajaran a Doñana 1890 personas como supuestamente hicieron y reclamaba la empresa, ni cuáles fueron las fechas ni horarios de los viajes, ni quienes fueron los monitores responsables. Es decir, se trataba de unos viajes ‘fantasmas’ en época de precampaña electoral.
Esta forma de actuar, sin tramitación administrativa alguna, ha dejado en herencia otras muchas facturas que el Ayuntamiento no reconoció y que poco a poco se va viendo cómo implican directamente a la gestión del anterior Gobierno del PP, ya que no es la primera factura de este tipo reclamada en los tribunales. Hay que recordar que recientemente el Ayuntamiento ha tenido que pagar 500 000 euros a la empresa Verinsur por los servicios prestados en el periodo de septiembre de 2005 a mayo de 2007, que se adjudicaron sin procedimiento de adjudicación, ni tan siquiera consignación presupuestaria para tal servicio.
