 El SAE certifica que no ha intervenido en la selección de la abogada para la oficina de mediación de la vivienda
El gobierno local del PSOE sigue sin dar explicaciones públicas sobre todo lo ocurrido con las contrataciones de una asistente social y de una abogada para la Oficina de Mediación de la Vivienda, negándose a responder a las distintas cuestiones y dudas que este proceso de selección y contratación ha suscitado y que seguro que habrá indignado a no pocos desempleados de la ciudad. Parados que se preguntarán, sin duda, que si no ha habido ninguna irregularidad, no hay razón para no hacer público todo el proceso de selección, dando toda clase de aclaraciones y aportando documentos que avalen dichas posibles aclaraciones. Está claro que si no aclaran ni responden a las preguntas, es sencillamente porque no pueden.
En el caso de la contratación de la asistenta social, de ninguna de las maneras se puede explicar quea quien va a asistir a las personas en situación de desahucios o desalojo de sus viviendas se le exija conocimientos de inglés y francés a nivel medio, salvo que este requisito presuntamente, haya servido para garantizar que una determinada aspirante, que lleva poco tiempo apuntada en el paro, saliese en la preselección realizada por el SAE en función del perfil enviado por el Ayuntamiento.
Tampoco se puede explicar la gran casualidad de que la persona seleccionada y contratada para asistente social de la Oficina de la Vivienda tenga una relación familiar muy estrecha con el abogado que al parecer defiende los intereses de los bancos propietarios de las viviendas que han sido objeto de desahucios o desalojos.
Respecto a la abogada contratada, IU ha obtenido un documento del SAE de la ciudad en el que certifica que dicho organismo no ha intervenido en la Oferta para la cobertura para el puesto de asesor jurídico para la Oficina de Intermediación Hipotecaria de la Vivienda. Es decir, que la abogada ha sido contratada por el Ayuntamiento sin proceso de selección alguno, por tanto, para esta contratación no se han tenido en cuenta los principios de igualdad, capacidad, mérito y publicidad, sino otras consideraciones nada confesables.
Al parecer, el Ayuntamiento inicialmente envió al SAE una oferta para la contratación de un asesor jurídico para la Oficina de Mediación, siendo uno de los requisitos conocimiento de francés a nivel medio, y tras recibir del SAE una preselección de aspirantes, el Ayuntamiento decide cancelar la oferta, muy probablemente porque en la selección no estaba quien le interesaba. Por esa razón el SAE certifica que no ha participado en la oferta para dicha selección. Por tanto, la abogada ha sido contratada sin ningún proceso de selección.
Todo este cúmulo de irregularidades deben ser aclaradas en una comisión de investigación que IU va exigir, en la que llegado el caso, se depuren las posibles responsabilidades de quienes hayan intervenido de alguna forma en todo este asunto, sin descartar poner todo lo ocurrido en manos de la justicia.
IU seguirá exigiendo la creación de una Mesa de Contratación Laboral con participación de todos los grupos municipales y los sindicatos con representación municipal, como elemento fundamental de garantía de transparencia, para que el tener una buena relación con el partido en el gobierno local deje de ser un requisito indispensable para ser contratado por el Ayuntamiento.
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