NO al tratado de libre comercio (TTIP)

La moción presentada por IU-Sanlúcar contó con las abstenciones de PSOE y Ciudadanos, con el voto en contra del PP y con el voto favorable de Por Sanlúcar Sí Se Puede.-En 2013, la Comisión Europea recibió el mandato de los estados miembros de la Unión Europea de negociar con los Estados Unidos el Tratado Transatlántico de Libre comercio (TTIP), presuntamente con el fin de incrementar el comercio entre la UE y EEUU, reduciendo las barreras no arancelarias, con objeto de conseguir crear empleo, crecimiento económico y mejora de la competitividad.

Desde entonces, UE y EEUU están negociando en secreto, con un intolerable déficit de transparencia y control por parte de la ciudadanía y de sus representantes políticos un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones, que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos en materia de sanidad y educación, del medioambiente, nuestros derechos digitales o como consumidores, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés general.

Ello implicaría una rebaja de los estándares europeos y americanos, es decir, de las regulaciones que protegen al consumidor, a los trabajadores y al medioambiente, ya que se enfrentan a los beneficios de las corporaciones. De esta manera, y bajo este principio, se pondría fin al “Principio de precaución” vigente en Europa que regula la legislación sobre alimentación y derechos de los consumidores europeos.

Este acuerdo supondrá la mercantilización absoluta de nuestras vidas y el sometimiento total de la soberanía de los estados a los intereses de las grandes multinacionales, puesto tiene entre sus objetivos la privatización total de los servicios públicos, en todos los niveles, comprometiendo la facultad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, el empleo y las iniciativas locales.

Pero, sobre todo, el TTIP, ignora cualquier legislación nacional o local en materia de inversiones. Al introducir la cláusula ISDS de solución de controversias Inversionistas–Estado, permite a las grandes corporaciones llevar a los gobiernos (local, regional, estatal) ante tribunales privados en caso de que se perjudiquen los intereses y beneficios que estimen de manera subjetiva, lo que limita todavía más la capacidad de las Administraciones Públicas para aplicar leyes en las áreas de salud pública, de medioambiente y protección social.

De este modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social, e ignoran la legislación nacional, regional o local, de tal forma que los ayuntamientos y las comunidades locales se encuentran totalmente sometidos por este tipo de ajustes estructurales restrictivos.

Las ciudades y los municipios andaluces reconocen la importancia del comercio de mercancías y de servicios para el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, la competitividad y el desarrollo económico no deberían ser los únicos criterios para determinar los acuerdos comerciales tales como el TTIP. Así mismo, los aspectos ecológicos, laborales y sociales tienen que ser considerados en cualquier negociación comercial bilateral.

Por ello, en el último pleno ordinario, IU-Sanlúcar presentó una moción que fue aprobada por el Pleno, con el objeto de declarar Sanlúcar de Barrameda como municipio opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social; solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas del Gobierno de la Nación su apoyo a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles; solicitar del Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares y dar traslado de los acuerdos al Gobierno de la Nación, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados y a los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía.