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IU-Sanlúcar pide el voto para Alberto Garzón (Unidad Popular-Izquierda Unida) por un Trabajo Garantizado
La formación arranca la campaña con un acto de pegada de carteles del candidato a la presidencia del gobierno, Alberto Garzón y Santiago Gutiérrez, candidato al congreso por Cádiz, en la Puerta de Jerez.-Desde IU-Sanlúcar pedimos el voto para Unidad Popular-Izquierda Unida y destacamos la propuesta de Trabajo Garantizado con la que se prevé crear un millón de puestos de trabajo tomando como referencia iniciativas similares impulsadas en países como Estados Unidos o Argentina.
El Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo remunerado y con condiciones laborales dignas a cualquier persona que no haya podido encontrar empleo en el sector privado o en el sector público tradicional, sin importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, renta o edad. El Estado ha de ser el empleador de último recurso.
El proyecto de Trabajo Garantizado que propone Unidad Popular-Izquierda Unida se basa en tres ejes: reforzar las actividades económicas y sociales todavía insuficientes (Educación pública, Sanidad pública, culturales, deportivas, generación de energía renovable, entre otras), crear nuevas actividades (sobre todo ecológicas: servicios de reutilización y reparación de materiales y productos, optimizar rendimiento energético de edificios, por ejemplo) y remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados, así como otros trabajos hoy día voluntarios, repartiendo esas actividades de forma solidaria entre la comunidad.
Este plan puede hacerse en los márgenes actuales de la Unión Europea (UE). Si tuviese otro diseño, sin un Banco Central Europeo (BCE) independiente que pusiera la economía al servicio de una oligarquía europea, este plan podría ser mucho más ambicioso. Sólo hace falta voluntad política.. Si una parte de la entrega de un billón de euros del BCE a los bancos se hubiese inyectado a los propios Estados, se habría podido dedicar para generar trabajo.
La propuesta de Trabajo Garantizado surge con el objetivo de crear un millón de puestos de trabajo con un coste inferior al 1% del PIB y es uno de los pilares del programa electoral de Unidad Popular-Izquierda Unida de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre.
El salario mensual contemplado oscila entre los 900 y los 1.200 euros en función de la cualificación que requiera cada puesto de trabajo. Además de garantizar el empleo, sin discriminación de sexo ni edad. Un efecto indirecto del plan es que estos salarios son fijos en cada tramo, de forma que ese nivel de remuneración hace las veces de salario mínimo por debajo del cual ninguna persona trabajaría en el sector privado, al tener la posibilidad de acogerse a un programa de Trabajo Garantizado de mejores condiciones. Cuando la gente puede trabajar por 900 euros es muy difícil que acepte trabajar por 700 euros en otro ámbito.
Así, los empleadores del sector privado se verán obligados a ofrecer salarios iguales o superiores a los ofrecidos en el Trabajo Garantizado. La retribución no es sólo salarial e incluye también otros pagos, como cotizaciones a la Seguridad Social, ayudas para transporte, permiso por vacaciones, por paternidad y maternidad, por enfermedad, etc.
El coste total del proyecto representa apenas el 0,92% del PIB y se financiaría mediante una reforma fiscal similar a la que propone el sindicato de técnicos de Hacienda, que combate el fraude fiscal de las grandes empresas y fortunas. La recaudación superaría el 6,2% del PIB en un año, lo cual sería más que suficiente para ir aplicando la totalidad del Trabajo Garantizado propuesto. Otras partidas como la reducción del gasto militar permitirían dotar de más fondos al Estado, pero no serían necesarias para financiar el plan de Trabajo Garantizado.
El Estado es el que financia el proyecto, que en el primer año en funcionamiento podría crear hasta un millón de puestos de trabajo con un desembolso inicial de 15.000 millones de euros que, restando las cotizaciones sociales y los retornos fiscales, se quedarían en unos 9.600 millones de euros de inversión neta. Estos se financiarían mediante una reforma fiscal —con nuevos impuestos como IVA a productos de lujo, viviendas vacías y transacciones financieras— y la lucha contra el fraude. Supone menos del 1% del PIB y hemos rescatado a las entidades financieras destinando hasta un 6% del PIB.
En la actualidad no existe la capacidad para los ciudadanos para reclamar en un juzgado el derecho al trabajo, como sí ocurre con otras libertades como la de expresión. El trabajo no es simplemente algo que nos garantiza ingresos, sino un derecho que debería tener todo ciudadano para su inserción en la sociedad: Si no hay trabajo, no hay democracia; si no hay derechos sociales, no hay democracia.
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