La imputación de dos concejalas de Sanlúcar exige una respuesta por parte de PSOE y Ciudadanos

PSOE y Ciudadanos tienen la obligación de cesar a Inmaculada Muñoz y Elena Sumariva de sus cargos, ésta última, número 7 de la candidatura de Ciudadanos al congreso por la provincia de Cádiz..-El Grupo Municipal de IU al completo en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) se ha personado como acusación particular en el procedimiento que sigue el Juzgado Mixto número 1 de dicha localidad contra la edil socialista Inmaculada Muñoz --actualmente responsable de Economía, Hacienda y Urbanismo--, la edil de Ciudadanos (C's) Elena Sumariva --que era concejal de Educación durante el anterior mandato, en que PSOE y Ciudadanos gobernaron en coalición en el Consistorio sanluqueño--, y contra el Francisco Collado, exasesor económico del alcalde de la localidad, Víctor Mora (PSOE), y en la actualidad, asesor en la Diputación de Cádiz de la presidenta de la misma, Irene García (PSOE).

Este procedimiento se inició a raíz de la denuncia presentada por Rafael Terán, portavoz del el Grupo Municipal de IU en el año 2014 ante los tribunales por la contratación por parte del Ayuntamiento de las llamadas 'Escuelas Municipales de Verano y Otras Vacaciones' a una empresa propiedad del que era asesor del alcalde", por entenderse que se incurrió en una incompatibilidad al contratar con la empresa del asesor.

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IU solicitó explicaciones al gobierno municipal, lo que provocó la anulación del contrato con la empresa el 14 de agosto de 2014 por una "incompatibilidad sobrevenida no conocida por las partes", tal como argumentó el equipo de gobierno.

Asimismo, en septiembre de ese año, IU presentó una moción al Pleno con el objeto de abrir una comisión de investigación que dilucidara responsabilidades políticas, la cual fue rechazada por los partidos que en aquel entonces gobernaban en coalición, PSOE de Víctor Mora y Ciudadanos de Juan Marín.

 

Sin embargo, poco después, el propietario de la empresa fue cesado del puesto de asesor por decreto. Este cese no impidió que meses después fuese contratado por la diputación de Cádiz para asesorar a la presidenta de Diputación, Irene García (PSOE).

 

Por todo ello, IU llevó el asunto a los tribunales, al entender que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación, entre otros.

 

La admisión de la denuncia interpuesta por Rafa Terán a trámite ya evidenció, implícitamente, la existencia de un indicio de sospecha de unos hechos que pueden ser constitutivos de delito.

 

La admisión a trámite de la denuncia sirve pues para conferir esa cualidad de imputado judicial, llamado ahora investigado en virtud de la Ley 13/2015. Por tanto, no cabe duda de que las concejalas Elena Sumariva, de Ciudadanos, e Inmaculada Muñoz, del PSOE, están siendo investigadas por su relación con la posible comisión de varios delitos, pese a que desde el gobierno local se niegue. Es más, el denunciante, Rafa Terán, por entonces portavoz de IU, ya fue llamado a declarar en calidad de testigo. Pese a tales evidencias, desde el gobierno local señalan "que ningún miembro del gobierno local está llamado a declarar en calidad de imputado por caso alguno", pero ha de aclararse que la imputación o el indicio de sospecha sobre personas concretas por unos hechos que pueden ser constitutivos de delito, con o sin citación para declarar y con o sin delito atribuido, tiene la misma carga.

 

IU entiende que ambas concejalas deben renunciar inmediatamente a sus actas de concejal, entre otras cosas porque Sanlúcar no se merece que dos concejalas imputadas por delitos tan graves directamente relacionados con su gestión política se sienten en el Pleno Municipal.

 

Si no fuese así, sus respectivas organizaciones políticas, PSOE y Ciudadanos deben cumplir de inmediato con sus promesas de transparencia, honestidad y honradez  de las que hacen gala. Hay que recordar que la edil de Ciudadanos, Elena Sumariva, es la número siete en la candidatura al congreso por la provincia de Cádiz.