Violencia machista

El pasado día 22 de diciembre, en vísperas de Navidad, una vecina de nuestra localidad fue avisada por la Policía de que su ex marido, el maltratador que la tiene amenazada de muerte a ella y a su hijo, sale de prisión, con tres días de permiso, a partir del próximo 11 de enero.

Como es natural el miedo se apoderó de ella. La casualidad hizo que dos mujeres de nuestra Asociación Marea Violeta de Sanlúcar, se encontraran con ella. La tranquilizaron y acompañaron, con la sana intención de que la justicia, la policía o alguien, se encargara de su protección y la de su familia.

Esta experiencia tan cercana ha servido para poner en conocimiento de nuestra Asociación, la ineficiencia y escasez de medios que se ponen a disposición de la mujer que sufre maltrato o amenazas.

Previamente ella había acudido al Centro Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de nuestra localidad, donde le sellaron una tarjeta para que la policía supiera que había estado allí. Ese mismo día la acompañamos a la Comisaría de Policía UPAP (Unidades de Protección, Asistencia y Prevención de violencia de género). No pudimos solucionar nada, porque el personal responsable de esta sección no estaba. Al día siguiente nos volvimos a personar en esta sección, donde nos informaron que no podían hacer nada, pues el permiso estaba concedido por el Juzgado de lo Penal nº10 de El Puerto. Al solicitarle ayuda nos respondieron que tenían que tener orden judicial o que acudiera al Centro Municipal de la Mujer de Chipiona que allí tienen un concierto con la Cruz Roja y se encargan de poner pulseras telemáticas.

Con la seguridad de que en el Juzgado de Sanlúcar iba a ser socorrida, allí acudimos. Nuestra sorpresa fue que ni Jueza, ni secretaria estaban en el mismo. En cambio se recibió una asistencia fría y deshumanizada por parte del personal administrativo. Seguimos el peregrinaje hasta el Juzgado 10 de lo Penal, donde fuimos bien atendidas, pero tampoco podían hacer nada contra el permiso concedido, porque éste había sido dado por unanimidad, con lo cual nos derivaron al juzgado de guardia, para denunciar la desprotección en la que se encontraba. Como habían pasado unos minutos de las dos, tuvimos que esperar hasta las cinco. Tampoco pudimos hacerlo, porque paradójicamente el Juzgado de Guardia no contaba con Juez por la tarde. Vuelta para casa totalmente decepcionadas.

El lunes volvimos con ella al Juzgado de Cádiz capital, esta vez acompañadas de otra compañera de la asociación que es letrada también, sin que tampoco se ofreciera una solución definitiva, al deber esperar el informe que emita fiscalía sobre la conveniencia o no de imponer el dispositivo GPS, no teniendo de esta forma asegurada la protección necesaria a día de hoy.

Esta vecina ha sido y será acompañada por mujeres de nuestra asociación, pero si hubiese tenido que pedir ayuda y protección, sola, ¿hubiera llegado hasta el final?. Dudamos mucho que ésta mujer, en el estado de ansiedad en el que se encuentra, las distancias y los lugares donde están los juzgados en El Puerto, sin dinero, sin vehículo propio, lo lograra. También el trato de indiferencia con que fue recibida en las distintas instancias, dice mucho de la falta de preparación del personal, sobre como afrontar los casos de violencia de género y a las supervivientes de los mismos. Y luego la sociedad se sorprende del número de víctimas mortales por violencia machista. Nos preguntamos en la calle, cómo es posible que siga ocurriendo. Y los políticos se apresuran, en ocasiones, a guardar un minuto de silencio a las puertas de las instituciones cuando se conoce el asesinato de una mujer a manos de su maltratador.

Queremos que la ciudadanía de Sanlúcar conozca la verdad. La violencia de género se está usando en los programas electorales como una lacra con la que acabar, pero se quedan en eso, en programas, sin recursos económicos ni organizativos para proteger a las mujeres que denuncian. La realidad es que los recortes en igualdad está resintiendo gravemente la atención a las personas afectadas, no se dispone de personal preparado para estos casos, se dificulta acceder a medidas de protección, como el uso de la pulsera GPS, que dispara un dispositivo al acercarse el agresor a su víctima, que alerta a la policía. No se dispone de agentes policiales que protejan a estas mujeres y a sus familias.

Si se trata de recursos económicos, nos preguntamos, cuánto se gastaba el Estado en proteger a las personas amenazadas por el terrorismo de ETA. ¿Es que las mujeres somos ciudadanas de segunda?

Sí, vecinos y vecinas de Sanlúcar, las matan porque no invierten en medidas de protección a las víctimas, que la Ley Integral contra la violencia de género recoge. Porque no ponen los recursos y la atención para que las maltratadas denuncien, para que puedan declarar en el juicio sin intimidación, para que el personal de servicios sociales y judiciales esté formado en ésta problemática social, etc. Sin olvidarnos de los ridículos recursos de prevención y sensibilización, que se limitan a las campañas del 8 de marzo y del 25 de noviembre. Pero la violencia persiste durante todo el año, y va incrementándose entre la población más joven.

Nos parece de vital importancia disponer en nuestra localidad de un Juzgado con competencia en esta materia, así como de personal que garantice el acompañamiento a la superviviente, mientras así lo necesite, y medidas técnicas para conseguir el objetivo de obtener protección y seguridad