Las respuestas no son sencillas, ni a gusto de todos, pues se dan muchas variables a considerar. Parece que la población se ha acostumbrado a sobrevivir por varias vías, la más común es la percepción de subsidios temporales después de haber cotizado lo que marca la legislación vigente, bastante más restrictiva en condiciones y tiempo de cobro que en períodos anteriores, que llegan a agotarse en el tiempo y que suponen una angustia vital por el inevitable agotamiento de las prestaciones, si no se encuentra un nuevo empleo.

Otras muchas familias se han visto forzadas, bien por desahucios o por imposibilidad de pagar un alquiler, a instalarse en casa de padres o suegros que al menos les permiten compartir gastos corrientes. Incluso algunas familias que tenían familiares en residencias de ancianos, han retomado sus cuidados con tal de ingresar la pensión correspondiente en la cuenta común del hogar. Otras, simplemente son mantenidas con las exiguas pensiones de sus padres o suegros. O el más grave, a ocupar viviendas deshabitadas después del bluf de la burbuja inmobiliaria y recurrir a servicios sociales para el pago de las facturas de consumo vital (luz y agua) y de alimentación (suministros en bancos de alimentos o cheques “comida”).

Muchos jóvenes, sobre todo, han retomado los estudios, en especial de Formación Profesional, al no encontrar salidas remuneradas a su situación. Algunos, no podemos obviarlo, han tomado el camino ilegal del “trapicheo” de tabaco o drogas para generarse ingresos. Otras personas y familias, las más “afortunadas”, han emigrado a otras poblaciones o países a desarrollar su actividad laboral, no siempre en las mejores condiciones. Esto redunda en una contención de las cifras, pues la población es menor y el porcentaje se “estabiliza”.

La subsistencia tiene otros caminos, especialmente para las mujeres, esas grandes invisibles, que aportan “dinero a casa” de manera encubierta, sin cotizar ni alzar la voz fregando escaleras o haciendo el servicio doméstico o de asistencia a mayores en condiciones, muchas veces, de abuso y explotación laboral, incluso teniendo contrato con alguna empresa de servicios, por no hablar de la precariedad de estos trabajos.

También subsisten otras personas con locales o trabajos de los llamados de economía sumergida, que van desde la hostelería a distintos tipos de talleres de reparaciones y que su principal queja son los impuestos y cotizaciones de autónomos que se verían obligados a pagar si los legalizasen, pues sus ingresos muchas veces no les llega apenas para pagar la luz y el agua del local, aquellos que lo tienen. Se arriesgan a importantes sanciones si los pilla la inspección de trabajo, pero sobrevivir es un instinto natural.

Todas estas situaciones de supervivencia es lo que mantiene la supuesta paz social hoy en día. Si lo reflexionamos detenidamente llegaríamos a la conclusión de que no es más que una forma de esclavitud, que produce sumisión y sentimiento de culpa, que mantiene bocas cerradas para “no señalarse”. Este no señalarse se traduce en una posición de fuerza y opresión para el contratante de estos trabajos y servicios, pues se puede abusar impunemente de las personas a las que se les encomiendan cualquiera de estos tipos de trabajo y a su vez provoca esta falsa “paz social”, porque estas personas explotadas no tienen paz.

Otra cara de esta situación general es el servilismo de los más necesitados, pues con frecuencia se oye y ve a personas mendigando por un trabajo, casi a cualquier precio. Aquí también interviene la administración pública en todos sus ámbitos y por distintos intereses. Desde el interés de la fidelización del voto electoral, enarbolando la bandera del miedo si no salen elegidos los que tienen que salir, hasta la precarización de los empleos públicos y los derechos laborales, sobre todo en los puestos más bajos en el escalafón del empleo público, es decir, los laborales y los interinos; por no hablar de los puestos en empresas municipales que funcionan como empresas privadas con capital de todos y todas, y sobre las cuales el control de las corporaciones locales, salvo los equipos de gobierno, es casi nulo y su transparencia de gestión y contratación ni se le ve ni se le espera.

Para “invisibilizar” este problema las administraciones públicas se han puesto del lado de los “contratantes” con una reforma laboral que permite el despido barato, según ellos para promover el empleo ¿?; sueldos de hambre, convenios colectivos desaparecidos a favor de la empresa, chantaje a cambio de entrar en esos famosos planes de empleo, de empleo que al final sirve para no contratar personal en condiciones laborales dignas y para que cobres de quince días a un mes, lo que no te sirve para llegar a cobrar un subsidio después, porque las condiciones para cobrar una prestación se han endurecido tanto como para poder cobrar una pensión en tu vejez, por cierto de las más bajas de Europa, al igual que el salario mínimo interprofesional. También hacen campañas de “cursos de formación” obligatorios para los/as parados/as que por regla general no conducen a un conseguir un trabajo. Quitaron funciones a las Oficinas de Empleo y promovieron las “agencias de colocación” que se llevan un porcentaje de tu sueldo si te consiguen un trabajito.

¿En qué se traduce esto? Un número de contratos para “presumir” de creación de empleo, pero para mantener esa situación de sumisión de los que realmente crean riqueza, los que dan las ganancias a las empresas a cambio de lentejas.

Algunas propuestas para encauzar la recuperación, además de derogar las reformas laborales del PSOE, primero, y la del PP, la última vuelta de tuerca, y reconducir toda esta trama de leyes pesebristas y esclavistas, maraña de intereses empresariales y condiciones leoninas para las y los autónomos que lo intentan, sería una forma de empezar, aunque no es nada fácil. Todo esto se adjuntaría con abaratar la contratación y encarecer el despido injustificado, por supuesto una empresa con balances positivos no debería poder despedir a los trabajadores, como sí ocurre ahora. Una empresa que ha recibido subvenciones de dinero público tiene que justificarlas y si no cumple las condiciones acordadas debe devolverlas, no hace falta recordar a aquellas que se han ido de rositas en los últimos tiempos, especialmente en Andalucía, o los sobrecostes en obras de interés público.

Hay distintas propuestas para intentarlo, decimos “intentarlo” porque los que han creado esta situación no van a consentir, ni a colaborar, a que sea fácil hacerlo. Recuperar la validez de los convenios colectivos y que las organizaciones sindicales, hablamos de todas las formas de organización sindical dentro de las empresas, lo que por otra parte debería ser obligatoria a pesar de los ataques continuados del sistema para desprestigiarlos (aunque algunos se desprestigian solos), tuvieran el valor de defenderlos. La renta básica puede ser una manera de levantar el suelo de los que están más abajo y ayudaría a dignificar al que busca un empleo para no aceptar el abuso laboral. Hay muchos estudios que aseguran su viabilidad y países donde existen distintas propuestas con el mismo objetivo. Otra pata de la recuperación es la concienciación de que los impuestos progresivos nos ayudan a todo el mundo, ricos y pobres, y para ello hay que empezar por ofrecer condiciones que posibiliten la legalización de la economía sumergida, de todo tipo, suprimiendo el pago de impuestos por adelantado a los autónomos y que cada uno pague por lo que gane. Esto conlleva la persecución del gran fraude fiscal y la imposición de la Tasa Tobin para las transacciones bancarias que impedirían la huida de capitales. Después la Inspección y las sanciones deberían ser disuasorias. La Administración Pública se debe comprometer a no contratar a empresas que no mantengan los derechos laborales y un sueldo digno, acorde a los trabajos encomendados. Hasta ahora la Administración no supervisa estos servicios, lo que suele conducir a que el trabajador cobre una miseria de la cantidad que paga la administración a la empresa, que se lleva la mayor tajada, suele ofrecer un servicio por debajo de lo deseable y como consecuencia un enriquecimiento ilícito. Estas medidas, y otras que se pueden implementar, llevarían a otro concepto del trabajo y la vida que queremos para las generaciones presentes y futuras.