IU reclamará en el Pleno el rescate el servicio de los gestores telefónicos de emergencias

Para IU, la situación de los trabajadores de los servicios de emergencias de Andalucía y en concreto en lo referente al colectivo de gestores telefónicos de emergencias de 112 y 061 y Salud Responde requiere una respuesta rápida por parte de la Juntade Andalucía.

La Junta de Andalucía ha puesto en mano de empresas privadas la gestión telefónica de los servicios públicos de emergencias 112 y 061,  las cuales  exclusivamente gestionan el salario de dichos trabajadores, estableciendo para ello unas condiciones laborales devastadoras propias de sistemas esclavistas.

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Estas empresas privadas se sirven de edificios públicos, utilizando todos los equipamientos desde las  líneas de  teléfonos, los ordenadores o todos los complementos y detalles, incluyendo los suministros básicos, abonados por la Junta de Andalucía con dinero público…con los que además no se hace un uso austero.

 

Las propias direcciones de correos electrónicos de los gestores de emergencia son (@juntadeandalucia.es) y prestan sus servicios a las órdenes de empleados públicos de la Junta de Andalucía que supervisan sus labores.

 

Hace más de un año se vive una situación de extrema conflictividad  en estos centros de emergencia, generada principalmente por el afán de enriquecimiento de estas empresas privadas, que no dudan en endurecer las condiciones laborales de sus trabajadores para incrementar sus ya de por si elevados beneficios.

 

Sancionan indiscriminadamente o incluso no aplican el convenio colectivo que les asiste de venta telefónica (Contact center), sin que dicho convenio tenga nada que ver con la cualificación o actividad profesional que desarrollan.

 

Se ven sometidos a condiciones que merman su desempeño como gestores telefónicos de emergencias e impiden la conciliación de la vida laboral, dado que no le son respetados  los tiempos legales de descanso, asignándoles incesantes cambios de turnos sin cadencia que les impide tener un ciclo regular y poder conciliar la vida familiar.

 

Igualmente no se les dota de los recursos de apoyo psicológicos necesarios que se requieren ante exposiciones e impactos emocionales inherentes a las gestiones propias de las emergencias.

 

La situación se agrava aún más dado que la contrata adjudicataria Ilunion Emergencias del (grupo ONCE), se permite la licencia de sancionar y despedir a quienes manifiestan legalmente el incumplimiento de los mínimos legales vigentes con excusas inconcebibles.

 

La pasividad de la  Junta de Andalucía permite que se  consientan estos atropellos y  que persistan con cargos directivos en las empresas públicas,  quienes no sabemos bajo que intereses, son cómplices activos para los abusos empresariales que se vienen produciendo.

 

La Junta de Andalucía ya tiene conocimiento de los nueve despidos realizados hasta el momento en la Empresa Pública de Emergencias (EPES 061) con ocho despedidas del centro de Málaga y una del centro (061 de Cádiz), atropellando con ello  a profesionales de expedientes intachables, con muchas vidas salvadas a sus espaldas y experiencias de hasta veinticinco años en el servicio.

 

Paralelamente, la empresa comisionista ILUNION, ha sido sancionada por la Inspección de Trabajo por fraude en la contratación y múltiples incumplimientos laborales, también por la agencia Española de Protección de Datos y reiteradamente sancionada y condenada por los tribunales de justicia por violar Derechos Fundamentales de sus trabajadores/as.

 

No podemos mirar a otro lado y permanecer como meros espectadores, siendo los gestores de emergencias el primer eslabón de la cadena de los servicios de emergencias, viendo como a día de hoy se siguen produciendo este tipo de incumplimientos y obligando a los trabajadores/as a inundar con reclamaciones Inspecciones de Trabajo, Juzgados de lo Social o incluso la propia Agencia de Protección de Datos.

 

Como venimos diciendo, llevamos más de un año de protestas y huelgas en los centros 061 y 112 y tanto los equipos directivos de las empresas públicas como la propia Junta de Andalucía, permanecen estáticos y petrificados y es por ello que  debemos de poner coto en todos estos sin sentidos, cuando el propio Defensor del Pueblo Andaluz y el tribunal de cuentas de Andalucía han aconsejado, por el beneficio de la ciudadanía, que la gestión de emergencias telefónicas, debe realizarse directamente por la Administración de la Junta de Andalucía asumiendo a sus trabajadores por su experiencia adquirida de años y por el gran ahorro económico que supone en las arcas públicas.

 

Conforme a todo lo anterior, el Pleno del Parlamento de Andalucía  aprobó dos Proposiciones no de Ley (PNL) tanto para el 061 con fecha 22 de Diciembre del 2015, como para el 112 con fecha 17 de Marzo del 2016, instando al equipo de Gobierno Andaluz a convertir a pública la atención de la gestión de ambos servicios en los que se incluye el servicio de Salud Responde inherente a 061. 

 

Hay muchos Ayuntamientos que están siendo conscientes de la relevancia de estos hechos, tomando partido Ayuntamientos como Málaga, Cádiz, Jaén, San Fernando, Chiclana de la Frontera, Puerto Real, Rota, Jerez de la Frontera, Los Barrios, Maracena, Aguadulce (Sevilla), Sevilla Capital, Las Gabias, Íllora, Dílar, Chauchina, Albolote, Valencina de la Concepción, Medina Sidonia, La Zubia, Mairena del Aljarefe, Huelva, Torremolinos, Conil de la Frontera, Castilleja de la Cuesta, Huétor Vega,  Monachil, Churriana de la Vega, Fuente Vaqueros, Fuengirola, Algeciras, Puente Genil, Benalmádena y Vélez-Málaga, así como las Diputaciones de Málaga, Jaen, Córdoba, Granada y Sevilla…  que  han hecho suyas las reivindicaciones de las plantillas y han aprobado mociones por las que se exige a la Junta de Andalucía la adopción de medidas urgentes para solucionar los conflictos y reparar la degradación de los trabajadores de los centros de gestión telefónica de emergencias.

 

Igualmente se ha aprobado por unanimidad en el  pleno de la Diputación Provincial de Málaga ratificándose los términos aprobados en las PNL parlamentarias.

 

Por todo lo expuesto, en el Pleno de septiembre IU solicitará  que Ayuntamiento inste a la Junta de Andalucía por el cauce procedimental oportuno y a través de los órganos competentes  a:

 

Recordar al Gobierno Andaluz la voluntad del Parlamento tras la aprobación de PNL061 y PNL112 e instar a la Juntade Andalucía que asuma su responsabilidad y rescate el servicio de los gestores telefónicos de emergencias asumiendo a sus plantillas, a través de las empresas públicas existentes, en los plazos acordados;  12 de Agosto 2016 para los trabajadores sometidos a Arvato Qualytel  y  31 diciembre 2016 aIlunion Emergencias.

La eliminación de las contratas en la gestión telefónica de los servicios de emergencias públicos del 112, 061 y Salud Responde, por tratarse de servicios esenciales y públicos que deben ser desempeñados directamente por la Administraciónpública.

Inmediata readmisión de las trabajadoras despedidas del 061 de Málaga y  Cádiz y retirada de las sanciones fruto de las reivindicaciones de las plantillas por unas condiciones laborales dignas.

Exija a la Juntade Andalucía el cumplimiento de la legalidad vigente, en concreto en lo referido a la puesta en marcha de las acreditaciones profesionales para el colectivo de teleoperación de emergencias, norma legal que data de noviembre del 2011 y que hasta la fecha no se ha impulsado por la Juntade Andalucía.