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22 de Febrero de 2018
El SAT congrega en la Plaza de San Roque a más de 300 personas
Desde que el Gobierno del PPSOEz anunció la subida de un ridículo 0,25 % de las pensiones parece que nos hemos empezado a inquietar.
La realidad es mucho más grave. El fondo de las pensiones ha sido sistemáticamente saqueado desde el 2012.
Las pensiones son un derecho que nos hemos ganado y engrosado con el dinero de nuestras cotizaciones; son un símbolo de progreso y una conquista democrática; y además ahora en esta crisis que es una estafa financiera a los trabajadores, suponen un colchón de sostén para miles de familias.
Desde el 2012 Mariano Rajoy ha sustraído 74.437 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada “hucha de las pensiones”, para pagar la deuda que contrajo el Estado cuando rescató la banca privada en el 2009 por su avaricia con la especulación financiera.

A este diciembre de 2017 quedaban en el Fondo sólo 8.095 millones de euros, cantidad que cubre únicamente el pago de una mensualidad.
Además ha endeudado a la Seguridad Social con otros 10.200 millones.
O sea en corto: Rajoy han saqueado el dinero de nuestras cotizaciones para cuadrar el presupuesto y paliar el déficit del estado: esto es desfalco.
Es un ataque directo a las pensiones, no sólo por la ridícula subida que en la práctica es una devaluación del poder adquisitivo sino también contra las pensiones futuras, quienes más van a sufrirlo son quienes ahora tienen entre 40 o 50 años y quienes estánn estudiando y no han empezado a trabajar.
Y ahora se nos burlan en la cara proponiéndonos Planes de pensiones lo que es es poner nuestros ahorros para el futuro en manos de los bancos que ya nos estafaron y han producido esta situación: ¿cómo confiar en que el ladrón que te está robando te vaya a administrar? Banca y Gobierno se nos muestran como timadores amañados.
 
Y el cuento con el que nos martillean es que la culpa es de los trabajadores: que si hay pocas cotizaciones, que si vivimos mucho tiempo. Lo que quieren ocultar no es otra cosa que la política económica favorable a los interés financieros y a las grandes fortunas de terratenientes y empresarios.
La pérdida de ingresos y el desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social son consecuencia directa de la reducción de los salarios y la precarización del empleo. Tal es la causa que desemboca, a través de reformas laborales, en el aumento de la edad de jubilación, la ampliación del periodo de cotización,  reducción de las prestaciones y descapitalización del sistema público de pensiones. No es otro el origen del desmantelamiento  del Fondo de Reserva (hucha de las pensiones).
Estos son  problemas que el Gobierno no tiene voluntad de resolver ni puede en este sistema: la mala calidad del empleo que hay en España, que impide que la fuerte creación de empleo se traslade a importantes crecimientos de los ingresos por cotizaciones. Y segundo es que el sistema de recaudación necesita cambios estructurales para abordar los retos de largo plazo que tiene por delante, por ejemplo que el empresariado pague lo que defrauda.
Vemos que hundir las pensiones es una decisión política.
Y para evitarlo además de dejar de votar a los partidos de los recortes, principalmente tenemos que organizarnos y luchar.
Nada vamos lograr sin luchar. Nuestras armas son la unidad y la movilización.
Como siempre al final todo dependerá de la organización y la acumulación de fuerzas obreras y popalares para imponer nuestros derechos lo diga o no ley alguna.
Hay un colectivo de  8,7 millones de personas.  Tenemos que tomar conciencia de nuestra fuerza, actuar con determinación y abandonando el tono de súplica.
Ahora es el momento de luchar contra quienes impiden que los mayores, los jubilados y pensionistas, así como nuestros hijos tengamos un derecho que está reconocido en nuestra constitución como es el derecho a una pensión digna, y una jubilación de calidad y no ser el ultimo eslabón de la cadena que se queda marginado y en muchos casos esta dentro del umbral de la pobreza y la marginación. Es un derecho conquistado que reconoce nuestra constitución y que debe obligar a que las pensiones estén garantizadas y formen parte de los presupuestos generales del estado y si fuera necesario poner un impuesto progresivo para así garantizar el cobro de nuestras pensiones.
Que se cumpla el artículo 50 Constitución Española. 
  1. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
Nuestras demandas
 
- Que las Pensiones Públicas sean tratadas como la columna vertebral del Estado social,
un derecho que debe permanecer al margen de toda disputa partidista.
- Exigimos una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones , y que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones y la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectar a las pensiones.

- Exigimos una pensión mínima de 1.000

La revalorización anual de las pensiones según el incremento de los precios (IPC).

Abonar con carácter retroactivo la diferencia entre el actual 0,25% y el IPC real.

Restablecer la edad de jubilación a los 65 años con el 100% de las retribuciones.

Derogar las reformas laborales y de las pensiones aplicadas desde 2010.

Eliminar los topes que limitan las cotizaciones a la Seguridad Social de los sueldos altos.

Que las Instituciones y empresas públicas no oferten a su personal planes de pensiones privados.

El cumplimiento impostergable de la ley de dependencia.
 
En suma: adoptar medidas legislativas,  presupuestarias y fiscales para garantizar las pensiones públicas y una vida digna.
 
 
 
 

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