El PSOE pretende solventar en los tribunales su incapacidad de diálogo y consenso
IU exige al PSOE que cese la utilización de recursos municipales para criminalizar a los sectores más desfavorecidos socialmente y a la oposición política del ayuntamiento.
Las mujeres que en su día se encerraron simbólicamente en la biblioteca municipal en protesta por el desalojo en una de las Corralas, ante la indolencia del equipo de gobierno del PSOE de Víctor Mora y compañía, están recibiendo citaciones en los juzgados en calidad de investigadas como responsable por un presunto delito de desorden público.
Este es el consenso y diálogo del que hablan Víctor Mora y compañía. Criminalizando a un colectivo de ciudadanos y ciudadanas desesperados por no poder acceder a una vivienda dignamente, pretenden acabar con el grave problema de la falta de viviendas sociales en la ciudad.
No es la primera vez que Víctor Mora y compañía pretenden resolver los problemas de esta manera. Llevando a los tribunales de justicia a quienes tan solo osen criticar su desastrosa gestión municipal. Ya lo pretendió en su intento de criminalizar al grupo municipal de IU, pero fracasó porque el juez no vio causa alguna en la denuncia. Este proceso costó más de 16 mil euros, que Víctor Mora, se niega a hacer frente con su patrimonio personal.
Recientemente, hemos tenido conocimiento que el expediente disciplinario abierto a un sindicalista de la policía local, se ha anulado en un juzgado contencioso administrativo culpando al Ayuntamiento por errores organizativos y de previsión en un dispositivo de seguridad. El policía local tiene que ser indemnizado con más de 4000 euros, gasto a los que hay que añadir, el coste del proceso y las dietas que en su día hubo que pagarle al juez instructor del expediente disciplinario traído desde Jerez y al abogado que el Ayuntamiento contrató para el caso. Gastos que pagaran todos los sanluqueños porque, nuevamente, Víctor Mora se niega a hacer frente al mismo con su patrimonio personal.
Sin embargo, los desmanes de Aqualia y el presunto fraude cometido de más de un millón de euros en los recibos del agua no es motivo para que Víctor Mora y compañía decidan que el Ayuntamiento se persone en la causa judicial abierta contra la multinacional a iniciativa de IU, sino que la premia con el contrato de recogida de residuos urbanos no orgánicos decidido de tapadillo al margen del pleno municipal.
Igualmente se niega a investigar el escandaloso e ilegal contrato de las Escuelas de Verano adjudicado a un funcionario de empleo del PSOE, aquel que quisieron dar por zanjado con la rocambolesca excusa de la incompatibilidad sobrevenida desconocida por las partes. Al funcionario de empleo del PSOE y asesor económico de alcaldía se le adjudicó un contrato ilegal por valor de 18 mil euros. Víctor Mora se niega a poner en marcha la comisión municipal de investigación aprobada en el pleno municipal, muy probablemente porque está muy involucrada la delegada de hacienda, Inmaculada Muñoz.
Esta es la realidad de quienes a falta de gestión municipal para mejorar la ciudad y la calidad de vida de los sanluqueños, se dedican a ofrecer tan solo circo y pandereta y a llevar a los tribunales y criminalizar a quienes osen decir la verdad sobre su gestión municipal.
IU exige que cese la utilización de recursos municipales para criminalizar la oposición política y social al equipo de gobierno, así como, que el alcalde sufrague con su patrimonio personal el gasto ocasionado.
