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La vivienda es un derecho
 
 
 
 
 
 
 
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08 de Octubre de 2018
IU exige al PSOE que requiera a los bancos las cédulas de habitabilidad de los edificios ocupados
Para la concejala y portavoz de IU, Carmen Álvarez, con su vocación de servicio público y de protección a las familias más desprotegidas ha conseguido con un solo escrito evitar que se quedaran sin suministro de agua en la corrala de Alcoba y reclama las cédulas de habitabilidad de todas las corralas de la ciudad para poner en marcha los alquileres sociales.
IU al tener conocimiento el pasado día 18 de septiembre que con carácter inminente se iba a proceder al corte del suministro del agua a la Corrala de la calle Alcoba donde viven 27 familias con menores a cargo y ante la falta de voluntad política para evitarlo de la delegada municipal de Asuntos Sociales, Teresa Rúa, y del conjunto del equipo de gobierno del PSOE con el alcalde, Víctor Mora, a la cabeza, envió un escrito exigiendo para que desde los Servicios Sociales Municipales se atienda y proteja a estas familias por pertenecer a un colectivo de especial vulnerabilidad, con hijos menores de edad, familias que se han visto abocadas a ocupar una vivienda, ya que el PSOE de Sanlúcar no ha construido ninguna vivienda social en los 12 años que lleva en el gobierno en Sanlúcar ni ofrece alquileres sociales previo acuerdo con las entidades bancarias propietarias de las viviendas, explica la portavoz de IU, Carmen Álvarez.

La portavoz de IU, Carmen Álvarez, exige y reclama que el PSOE de Víctor Mora debe requerir a las entidades bancarias la puesta en marcha de las cédulas de habitabilidad para asegurar que las viviendas ocupadas desde hace más de 4 años propiedad de los bancos, tengan garantía de salubridad, higiene y solidez. De esta forma se pueden dar de alta los servicios de luz, gas y agua de manera legal. Que además es un requisito indispensable para poder poner en marcha los alquileres sociales, en definitiva, poner en marcha la Ley de la Función social de la vivienda.
 
A raíz del escrito que presentó IU el pasado 18 de septiembre, el PSOE de Víctor Mora se ha visto obligado a cumplir, eso sí a regañadientes, la ley andaluza de la función social de la vivienda por las que nos despojaron del gobierno de la Junta y que el PP llevó al constitucional, pero que ha fallado la justicia a favor de IU, no solo no se le va a cortar el agua, sino que le van a instalar contadores de agua a las viviendas de la calle Alcoba para posteriormente tramitarles el alquiler social.
 
Por otro lado, la concejal de IU, Elena Ramírez, lamenta que el equipo de gobierno del PSOE se haya visto obligado a reaccionar a raíz del escrito, hecho que corrobora que obviaban los distintas mociones aprobadas en el pleno presentadas a iniciativa del grupo municipal de IU en las que se deja bien claro que el agua es derecho humano básico del que no se le puede privar a las familias vulnerables, tal como recoge Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
 
Esta manera de proceder del PSOE de Víctor Mora, demuestra para Ramírez, una vez más, la falta de sensibilidad y empatía social de la que hacen gala continuamente respecto a las familias vulnerables social y económicamente y que ahora, solo por urgencias electorales después de cuatro años de mantener a estas familias en la incertidumbre, deciden emitirles cédulas de habitabilidad de las viviendas que ocupan.
 
IU  con su vocación de servicio público y de protección a las familias más desprotegidas, concluye la concejal de IU Elena Ramírez,  pide al PSOE que de una vez por todas pongan en marcha la Ley de la Función Social de la Vivienda, que exijan a los bancos las cédulas de habitabilidad para así tramitar los alquiler sociales de las viviendas propiedad de los bancos y puedan hacer los contratos de luz y de agua de las mismas, ya que ambos servicios son derechos humanos que desde el Ayuntamiento se debe garantizar a las familias desprotegidas.
 
 
 
 
 

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