El diputado nacional Aurelio Sánchez reitera la oposición de los populares a la instalación de parques eólicos marinos sin contar previamente con el consenso social.

Sánchez advierte de que las empresas interesadas, tras conseguir que determinados colectivos ecologistas se hayan convertido en agradecidos colaboradores de la instalación de los aerogeneradores, han encontrado en el alcalde de Chipiona lo que parece un socio promotor del proyecto, en lugar de una autoridad encargada de velar por los intereses de los vecinos. 

El dirigente popular no se explica la actitud del PSOE con el alcalde chipionero, dado su compromiso en la provincia de que no habrá parques eólicos marinos sin el consenso social, un consenso social que a día de hoy, tal y como muestran las plataformas contrarias en La Janda y la Costa Noroeste, no existe. Sánchez recuerda que Sanlúcar, Rota y Chipiona figuran en las Áreas Eólicas Marinas como zonas de Exclusión y con Limitaciones.

En el caso de las zonas con Limitaciones, explica el diputado popular, deben existir estudios previos y durante la fase de desarrollo del proyecto piloto sobre las consecuencias que tienen los aerogeneradores sobre el ecosistema y el sector pesquero, y a día de hoy no los hay.  “Sorprenden las declaraciones de los ecologistas de Océana, que mantienen que el proyecto de Chipiona es imprescindible para frenar los efectos del cambio climático sobre el mar y los pescadores”, agrega, al tiempo que afirma que “Océana parece estar captada por este proyecto, dada la ligereza en sus manifestaciones al respecto, y sorprende que el alcalde de Chipiona los cite como garantes del proyecto”. 

Sánchez se pregunta “a cambio de qué se apoya este proyecto”, y se cuestiona igualmente si Océana y el primer edil de la localidad garantizan la sostenibilidad del turismo, la pesca, las aves y el impacto visual y medioambiental”. El diputado popular añade que el PP quiere saber qué interés tiene el  alcalde de Chipiona y por qué cuenta con el apoyo de los ecologistas de Océana, y reclama el consenso social, también defendido por el PSOE y que no existe con el desmarque total de los colectivos vecinales en La Janda y la Costa Noroeste.