“El colegio Virgen del Pilar, sin comedor escolar”

La atención a las personas dependientes en este país no termina de consolidarse. Y eso que la Constitución Española tiene un Artículo que proclama los derechos que les asisten. En concreto, el Artículo 49 de la Constitución Española declara que “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. Los “disminuidos”, como son definidos en este párrafo, van cubriendo las diferentes etapas de la vida como cualquier persona. Comienzan por ser niños, luego adolescentes, más tarde jóvenes, después adultos y finalmente ancianos. En esto no se diferencian de los “no disminuidos”. Como los poderes públicos están en otras cosas, muchas familias de niños y niñas con discapacidad —en edad escolar— se ven obligadas a organizarse para paliar en común el abandono al que sus muy queridos hijos e hijas se ven abocados. De esta necesidad hace la Administración virtud, pues en lugar de cumplir con su deber y consolidar los derechos de nuestros hijos, consignados en la Constitución, se limitan a subvencionar por convenio actividades —que no derechos— que las asociaciones de discapacitados demandan. Igual que si se tratase de peñas taurinas, cofradías o asociaciones de vecinos. Derechos Constitucionales disfrazados de actividades subvencionables.

En Andalucía, los Colegios de Educación Especial (CEE) concertados como el nuestro, sobreviven en condiciones muchas veces extremas. Unas veces, la firma de los convenios se retrasa sine die a conveniencia de la Administración andaluza, por razones de oportunidad; otras veces, incluso con el convenio en vigor, se incumplen los compromisos de pago. Hemos denunciado esta situación una y otra vez, desde nuestro colegio y en unión del resto de CEE de la provincia de Cádiz. La situación es de una discriminación total respecto de los colegios públicos. Y no es que prefiramos un colegio privado a uno público por capricho. Nuestros hijos e hijas no pueden estar en colegios públicos la mayor parte de las ocasiones porque estos no cuentan con el personal especializado adecuado. Curiosamente, son los propios equipos de orientación educativa de la Junta de Andalucía los que informan favorablemente la escolarización de un niño o niña con discapacidad en alguno de los CEE cercanos, conocedores de las carencias mencionadas. En los colegios públicos se financian el aula matinal, las actividades extraescolares y el comedor escolar. Sin embargo, los alumnos y alumnas de un CEE andaluz no tienen derecho a estos “privilegios” del mismo modo que sus compañeros de un colegio público, siendo ciudadanos no ya “disminuidos”, sino también “discriminados”.

 

Los padres y madres del CEE Virgen del Pilar, queremos denunciar la situación tan bochornosa que nuestros hijos están padeciendo. Desde enero de este año no hemos recibido ningún ingreso para financiar el comedor escolar, imputable al convenio suscrito con la Junta de Andalucía para el curso 2014-2015. El titular del colegio, AFANAS Sanlúcar, ha sufragado los gastos —a fondo perdido— derivados de mantener el comedor escolar abierto el resto del curso. Muchas familias no pueden permitirse pagar una cuota mensual para mantener este servicio abierto. Si para un niño o niña “no disminuido” siempre es importante disfrutar de comedor escolar en su colegio, para nuestros hijos e hijas forma parte de su terapia. No podemos continuar así, por eso estamos dispuestos a llegar donde haga falta para que los derechos de nuestros hijos e hijas sean reconocidos. Es tiempo de exigir una solución definitiva que consolide dichos derechos.