 "No cabe esperar, por razones muy obvias, que el alcalde tome la iniciativa cesando a su segunda teniente de alcalde,..."
Fernando Cabral.-La dimisión de Gustavo de Aristegui, por estar implicado en el cobro de millonarias comisiones a empresas mientras era embajador en la India, ha dejado al PP y a su presidente Mariano Rajoy en una situación muy incómoda y a los pies de los caballos al otro implicado en este caso, Pedro Gómez de la Serna, número dos de la candidatura del PP por Segovia. Rajoy tendrá más pronto que tarde apartar de su partido a Gómez de la Serna, si éste no renuncia antes a sus cargos públicos y a su recién revalidada acta de diputado por Segovia
Algo parecido le puede ocurrir al alcalde, si como se prevé, la presidenta de la Diputación, después de las fiestas, cesa a su asesor económico en dicha institución, por estar involucrado en las investigaciones judiciales en el Caso de las Escuelas Municipales de Verano y Otras Vacaciones, cuando se le adjudicó a una empresa de su propiedad dichos servicios mientras era personal de confianza y asesor económico del alcalde de nuestra ciudad, quien fue cesado posteriormente cuando IU destapó el caso en 2014. Ante la negativa del por aquel entonces equipo de gobierno local de dar una explicación más allá de la rocambolesca “incompatibilidad sobrevenida desconocida por las partes", el asunto terminó en los tribunales de Justicia por una denuncia de IU.
Si como presumiblemente parece ser, la presidenta de la Diputación destituye a su persona de confianza en materia económica, el alcalde, tendría que hacer lo propio con la delegada municipal de Hacienda y responsable de Urbanismo también investigada, paso previo a ser encausada, según la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el mismo caso. De lo contrario, nadie entenderá que su partido en la ciudad y el partido en la provincia no tengan la misma vara de medir a la hora de tomar medidas contra comportamientos como éste, que el juzgado nº 1 de la ciudad está investigando por apreciar el juez indicios de presuntos graves delitos como son malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencia entre otros.
En su día, en su calidad de alcaldesa y responsable local de su partido, cesó fulminantemente a una concejala de su grupo municipal, ex diputada provincial de Empleo, apenas 48 horas después de que fuera citada a declarar en la Comisaría de la Policía Nacional de Cádiz por orden judicial, dentro de la investigación que se venía desarrollando para esclarecer el supuesto fraude de 14,5 millones de euros del plan Bahía Competitiva de ayudas a la reindustrialización.
En declaraciones públicas, se justificó la decisión manifestando que era una "medida temporal" a la espera de que se resolviera la situación procesal de la concejala, dentro del marco de su tolerancia cero con la menor de las sospechas de comportamientos nada claros de los responsables políticos. Por dicha razón, la actual presidenta, ahora se vería obligada a cesar a su asesor económico en la Diputación, porque de lo contrario la credibilidad de su tolerancia cero frente a las posibles corruptelas quedará por los suelos y su gesto para con la concejala cesada en su día quedaría en un mero ajuste de cuentas en una disputa interna en su partido. De la misma que en el aquel momento se dijo que se aprovechó dichas circunstancias para pasarle factura, ahora hay quien dice que la presidenta de la Diputación puede aprovechar la ocasión para pasarle factura al alcalde por algún que otro desencuentro que ha originado que no haya comunicación entre ambos.
No cabe esperar, por razones muy obvias, que el alcalde tome la iniciativa cesando a su segunda teniente de alcalde, así que seguirá esperando con las carne abiertas, para no verse comprometido, que su secretaria general provincial y presidenta de la Diputación no tome la decisión de cesar a su asesor económico.
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