La enésima Ley de educación, la llamada Ley Celaá, se suma a cada una de las leyes que se hicieron al calor de las mayorías absolutas de los dos grandes partidos que hasta ahora se repartían el poder cada cuatro años. Allá por el año 2006 se aprueba la LOE  con el presidente Rodríguez Zapatero para formar a las futuras generaciones de hombres y mujeres librepensadores/as que les catapultaran al futuro  y que fue aprobada con el consenso de la mayoría de partidos, PSOE, CiU, ERC, PNV, ICV, CC, y EA.   

Esta Ley incluía una voluntariedad a la clase de religión y la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, una materia obligatoria y evaluable y que el PP no aceptaba porque veía intromisión del Gobierno en la moral de la ciudadanía. ¿?  

Posteriormente en el 2013 la LOMCE de Wert (PP) volvió a incluir la religión como evaluable, recortaba las becas universitarias y establecía concierto con los colegios que separan por sexo a los alumnos. La Ley fue calificada como sectaria, discriminatoria y retrógrada por la mayoría de los profesionales de la docencia en España. A diferencia de la LOE (PSOE), la Ley Wert se aprobó sin consenso y la mayoría absoluta del PP. Entonces ¿por qué esta nueva salida de tono de los populares, jaleados por sus primos de Vox y Ciudadanos a la nueva Ley Celaá?   

Si la concertada requiere de la ayuda del Estado, de todos los contribuyentes, deberá estar supeditada siempre a las directrices, normativas, leyes, etc. emanadas de los poderes de éste y nunca estas subvenciones se harán en detrimento de la pública como hasta ahora ocurría con las políticas neoliberales de las dos derechas y su apéndice ultraconservador. El embeleco ultraliberal de que "bajando impuestos se mejoran los servicios públicos" no se lo cree ni el que asó la manteca si exceptuamos a los gestores públicos del paraíso fiscal de la Comunidad de Madrid y sus mentores de la Faes. 

En el año 2013, y después de una campaña electoral repleta de promesas para bajar los impuestos, le bastaron unos días a M. Rajoy para anunciar públicamente una subida de impuestos brutal que supuso la pérdida de más de cien euros mensuales en las pensiones sujetas a las retenciones del IRPF, -aunque él se jactara de subirlas  un 0,25%- o el recorte presupuestario en las patas más necesarias del estado del bienestar como  sanidad o educación así como una fiscalidad muy lasa con  las rentas más pudientes acorde con sus principios ideológicos  como  reflejó  el rescate bancario, las amnistías fiscales y un largo etc.  

El nuevo frente en la educación, sin embargo, que se le abre a este gobierno es otro obstáculo en su intento de poner en marcha las acciones destinadas a mejorar la vida de todos los españoles con los principios de solidaridad, igualdad y justicia social que favorezcan a las clases más desfavorecidas con una fiscalidad que grave a las grandes fortunas y patrimonios para potenciar el estado de bienestar.  

La libertad de elección de centros está garantizada no solo a aquellos que eligen a la concertada, sino para esos otros que deciden educar a sus hijos en la pública sin estar subyugada por los caprichos económicos y religiosos de los que siguen creyendo que España y su futuro les pertenece a ellos por mandato divino.  

El negocio de la enseñanza privada y la concertada solo agranda la brecha académica, social y desigualdad, por eso la Ley Celaá combate la segregación escolar, siendo razón suficiente para que cualquier gobierno progresista ponga todo su esfuerzo para sacarla adelante, pero no necesariamente dejando morir a la concertada como pretende hacer creer a su electorado el partido conservador y sus adláteres. Es solo anteponer la enseñanza pública, cualquiera que sea el color del gobierno en la Moncloa, a los intereses particulares que, siendo legítimos, no puedan estar por encima del interés general.  

Detrás de la frontal oposición a la Ley Celaá, como en cualquier otro intento de este gobierno para adentrarnos en el siglo XXI y no volver al tenebroso XX, subyace la frustración de la derecha tras ser arrojados a la infamia de la Historia por la sentencia de la Gürtel, y la que les viene encima, por mucho que el señor Casado quiera sacudirse su pasado inmediato. Él solo pasaba por allí.

Igualmente, pesa la impotencia de no poder manejar los 140.000 millones de los fondos europeos para seguir agrandando su red clientelar que tanto rédito político y económico les brindó durante tantos años en el poder.  

Finalmente, las buenas noticias científicas de la vacuna para la Covid 19 o las futuras inversiones que vendrán de los fondos europeos, difundidas en los medios nacionales, no son una cortina de humo para tapar la Ley Celaá, o el consenso para sacar adelante los PGE con el apoyo de los socios comunistas de Pedro Sánchez y sus aliados "terroristas e independentistas", como se afirma desde las filas de los populares, más bien la excusa de los que aún no han asumido su derrota y con  diarios exabruptos, en boca de sus primeros espadas, siembran dudas sobre la legitimidad de este gobierno y sus instituciones. Aderezadas además, esas dudas, con un interminable revisionismo histórico, algo de lo que ya tienen mucha práctica, lejana pero no olvidada. Va en su ADN, pero el antígeno de la Democracia les aquieta con un CRISPR de diversidad política parlamentaria de una España que ni reconocen ni aceptan.