Prohibir la resistencia

César Manzanos, Doctor en Sociología.-Ya tenemos partido único que, al igual que a otros partidos totalitarios en la trágica y aún reciente historia europea, también ha sido apoyado por una mayoría de la ciudadanía, suficiente para por fin tratar de imponernos su proyecto autoritario, para por fin poder actuar sin tener que disfrazar su dictadura con adornos democráticos.
Ahora la derecha ya tiene en sus manos toda la maquinaria del estado, su colaboración imprescindible para someter toda relación social a la lógica del mercado, del capital, de un mercado que no nos olvidemos tiene su motor de funcionamiento en la lógica de la guerra permanente.

Este proyecto ya en fase de aplicación, se concreta en un cúmulo de medidas rápidas que buscan inhabilitar mediante la amenaza punitiva de la reclusión durante el mayor tiempo posible de encarcelamiento, a quienes se atrevan a protestar ante las reformas políticas, laborales y sociales que están convirtiendo a las clases trabajadoras en infra-clases condenadas a la depauperación y la miseria.

Hasta ahora han utilizado la llamada “violencia terrorista” para justificar, con el supuesto fin de combatirla, la necesidad de endurecer las penas de cárcel o de mantener la aplicación en la práctica de la cadena perpetua a partir de la inconstitucional “Doctrina Parot”. Cuando ya ha cesado la acción armada de ETA, se empeñan en hacerse los incrédulos con el único fin de hacer de la venganza y la humillación su bandera.

Pero sobre todo, tal y como no solo sospechábamos, sino que ya sabíamos, el terrorismo no era para ellos sino una mera coartada para extender la penalización a todo el cuerpo social. Prueba de ello son
las nuevas propuestas de reforma penal que nos recuerdan a las de la época de Aznar y que consisten en alargar las penas para todo tipo de delitos, lo cual ni pretende, ni consigue reducirlos o eliminarlos,
sino que responde a intereses políticos y económicos ajenos a la prevención y lucha contra el delito y las diversas formas de violencia en la sociedad.

Efectivamente, ahora que no tienen la disculpa de la “violencia armada” para ejercer la represión y catalogar de terroristas a quienes critican y protestan frente a sus imposiciones totalitarias. Amplían el etiquetamiento, criminalizando cualquier forma de resistencia, incluso la “resistencia pasiva”, estigmatizando a otros sujetos sociales como enemigos de la seguridad mediante términos tales como “guerrilla urbana”, “violencia anti-sistema”, etcétera. Cuando quieran, no les hará falta más que ordenar a la policía que se infiltre o presione encendiendo los ánimos (para lo cual está muy bien adiestrada), y lo puede hacer en cualquier tipo de movilización o concentración, para así poder encarcelar arbitrariamente a quienes quieran acusar de “ejercer la violencia”, incluso a quienes sin necesidad de estar presentes hayan convocado las acciones en las que se produzca el altercado.

El objetivo es muy claro: pretenden aterrorizar a la población en general y a la juventud en particular para que encima de condenarnos al recorte y/o privación del efectivo ejercicio de nuestros derechos fundamentales (trabajo, educación, salud, etcétera) también se nos condene a la privación del “derecho a reivindicar nuestros derechos” (huelga, expresión, manifestación, reunión, etcétera). Sus asesores les han aconsejado que lo hagan. Saben que estas medidas servirán para crear un clima de violencia, conflicto y desorden social y, ante los aplausos de sus televidentes, buscan achacar a quienes se atreven a protestar, la responsabilidad de los problemas que sus políticas de estado subsidiarias a la iniciativa del capital han creado.

Por eso no es casual que en situaciones de devaluación de los derechos y de las políticas sociales, se recurra a intensificar la represión y las políticas criminales. El estado es una maquinaria de violencia, no nos olvidemos. Los recortes en materias que afectan a seguridad social de la ciudadanía (trabajo, educación, sanidad, etcétera) no afectan a materias relacionadas con la seguridad del estado (gasto militar, policial, penal, etcétera). Las clases dominantes han capturado y secuestrado al estado para privatizarlo, han sepultado por fin la democracia mediante el asesinato de la soberanía popular, principio
básico de la democracia, desplazando la toma de decisiones a élites de poder económico supra-estatales, convirtiendo al estado en un ente meramente administrativo que recauda y utiliza nuestro dinero para financiar sus empresas desplazadas a otros países, para financiar nuestra ruina.

Contra este proyecto totalitario podemos unirnos y lanzar nuestra ofensiva. Es el momento de resistir y, al parecer, vamos por buen camino, porque sino ni se preocuparían en armarse penal y policialmente contra la insurgencia. Ahora es tiempo de actuar sin que sepan cómo, con imaginación y eficacia. Así conseguimos en su momento conquistar los derechos democráticos y así luchamos ahora para que no
nos los arrebaten.