Reducir costos administrativos y ahorros

Maestro Liendres.-En los últimos años, diversas iniciativas (europeas, estatales, autonómicas y locales) han afrontado el reto de lograr una reducción de las cargas administrativas, es decir, del coste que supone al ciudadano (particular o empresa) su relación con las AAPP. El resultado de todas estas iniciativas ha supuesto por lo general un significativo ahorro de dichas cargas (cifrado en torno al 30%). Y también dicen los interesados que  la actual coyuntura económica impone a los gestores de lo público la obligación moral de continuar exprimiendo los mecanismos disponibles para lograr la eliminación de toda imposición al ciudadano que pueda resultar superflua, redundante o prescindible. El único límite marcado es la responsabilidad de las Administraciones como garantes finales del interés general, y la seguridad y protección de la ciudadanía. Veamos algunas cuestiones, opiniones y posturas relacionadas con ello:

Los Tribunales de Cuentas, en su versión europea, española o autonómica, deberían contribuir a un mejor uso de los dineros públicos. Sus informes no sólo deben  de  censurar la legalidad de los procedimientos del gasto público, sino su programación y ejecución para que respondan a los criterios de eficiencia y economía, aquí exigidos por el artículo 31 de la Constitución Española, pero estos no son vinculantes, y convierten a los mismos en un refugio de amiguetes.

Ahorrar, ahorrar, ahorrar (sic)….el Primer Ministro británico, Cámeron, pedía disculpas por las conclusiones del informe -de 3.000 páginas- sobre la gestión del Sistema Nacional de Salud durante el quinquenio 2005-2009: “se ignoraron las señales de advertencia y se antepuso el interés corporativo y control del gasto por delante de los pacientes y su seguridad”. Todo eso con una multitud de auditores peinando cada año los hospitales británicos y recomendando ahorros o denunciando despilfarros. Me da mucho que pensar y me recuerda aquella viñeta de El Roto: “Antes hacíamos medicina, ahora gestionamos gasto sanitario”.

 

Inflación normativa: En el Programa para la Aplicación del Fondo de Liquidez para las CCAA se ha previsto la creación, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de un grupo de trabajo para acordar un código de buenas prácticas para racionalizar el gasto e incrementar el ahorro. Además, la última Conferencia de Presidentes de las CCAA acordó la creación de otro grupo de trabajo, en el seno de la Conferencia Sectorial correspondiente, que elabore un programa de racionalización administrativa, en dos áreas que ya tienen su correspondiente buzón en el Ministerio de Hacienda: sobre Duplicidades Administrativas ysobre Trabas burocráticas

 

Sin embargo, la principal herramienta será la Comisión creada por el Gobierno para la reforma de las Administraciones Públicas -integrada por cinco subcomisiones- que debe entregar su informe antes del 30 de junio. El mes pasado hubo algo de cachondeo en los medios, cuando se creó un nuevo Consejo Asesor para determinar “cuántos consejos asesores similares deben ser eliminados”. Bromas aparte, se trata de dar entrada a un representante de los sindicatos mayoritarios en la Administración pública, de las patronales de las empresas españolas, de los autónomos, del Consejo de Consumidores y Usuarios, de la Defensora del Pueblo y del sector académico.

 

Demasiados funcionarios:

 En España, sumado el personal de todas las Administraciones, trabajan 2,5 millones de funcionarios y contratados laborales, la mitad de ellos, al servicio de las Comunidades Autónomas

 Como no envejecen, Mortadelo y Filemón siguen siendo los funcionarios más conocidos y veteranos de nuestro país. Dentro de unos meses cumplirán cincuenta años de servicio, realizando un trabajo eficaz, si bien poco eficiente  los datos que se aportan, nos obligan a ejercitar la máxima de Cinus da Pistoia, “tu cogitabis”, piensa por tu cuenta, y no dejarnos llevar por las impresiones de nuestras visitas a las colas de la Administración de Hacienda, a nuestro Ayuntamiento o al Catastro, allí donde el “funcionario”, con minúsculas, no sólo “campa” a sus anchas sino que lo demuestra, y a los clientes/administrados, que estamos al otro lado del mostrador, nos asaltan continuas dudas: ¿Por qué están todos sentados y no me atienden? ¿Por qué hay tantas mesas vacías? ¿Por qué para un asunto baladí ya he tenido que consultar a cinco funcionarios?…o bien, todo lo contrario, cuando encontramos empleados públicos correctos, rápidos, exactos en las respuestas y ágiles en la realización de los trámites, deberán asaltarnos otras dudas: ¿Es necesario que las tecnologías sustituyan al empleado público? ¿Se hace imperiosa realizar una reconversión y reducir los efectivos de empleados públicos a una mínima expresión?…

 

Es por ello que entiendo que todos los extremos son demasiado sinuosos como para apoyarnos en ellos, para esgrimirlos como única opción, y sigo compartiendo la idea constitucional de valernos de una Administración Pública que actúe, a través de sus empleados, de acuerdo, entre otros, con el principio de eficacia, sirviendo con objetividad los intereses generales, bajo el sometimiento a la ley y al Derecho, porque en caso contrario podrá ocurrirnos como predicaba la Constitución de 1088 del rey Fernando I de Castilla sancionando los Decretos del concilio de Coyanza, “quien quebrante esta Constitución nuestra sea excomulgado y separado de la comunidad de los santos y condenado en perpetua condenación con el diablo y sus ángeles”.(sic)

Maestro Liendres