Por una vivienda digna

Giovanni José Zavala López.-Para el público en general, el término “corrala” deviene de la palabra “corral”, encerramiento. En este sentido, muchas familias de Sanlúcar han dado el paso decisivo y para nada fácil, de entrar a ocupar varias viviendas en diferentes zonas de la ciudad. Viviendas pertenecientes a los bancos.

Viviendas que son y han venido siendo habitables por muchos años (desde que inició la explosión de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera mundial a la vez). Viviendas que los bancos han quitado a las constructoras por éstas irse a la quiebra. Viviendas que por la misma especulación financiera e inmobiliaria (ambas cogidas de la mano) han sido construidas para ganar dinero a cualquier precio.

Esas viviendas ocupadas en Sanlúcar, en su mayoría no han sido habitadas por nadie. Son viviendas que los propios bancos tienen como activos, pero que no han podido convertirlos en liquidez (dinero constante y sonante, aunque sea en los ordenadores, pues el dinero en su mayoría es virtual). Quizás los fondos buitres aun no han llegado a Sanlúcar; o quizás estén a punto de llegar y para ellos, los bancos guardan todos los parqués de viviendas que tienen.

El problema central radica, en que en una sociedad no puede ser tolerado que exista comida en exceso y se pudra, y al mismo tiempo gente con hambre sin alimentarse. Pasando esa analogía al tema de la vivienda, pienso que, moralmente, éticamente, políticamente, e ideológicamente, no es concebible ni aceptable que existan viviendas vacías y a su vez, existan personas sin poder vivir en

Vivimos en un mundo, y nuestra ciudad no está exenta del mundo, en el que hay exceso de todo, pero poco acceso a todo. Los accesos a la vivienda, a la comida, a los bienes básicos son condicionados y limitados por un sistema que se llama “mercado”. Un mercado donde se lanzan esas necesidades básicas para que los que tienen el capital, el dinero, el poder económico jueguen a su gusto y antojo. Es decir, jueguen con las necesidades de las personas, de las familias, de los seres humanos.

Es valido recordar, enfatizar e interiorizar que la vivienda es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas; establecido en la declaración de los derechos humanos (firmado y ratificado por todos los países miembros), específicamente en el artículo 25, numeral 1 el cual establece el derecho a la vivienda de forma especial.

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por

“Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia”.

La propia constitución española (nuestra constitución) en su artículo 47 establece el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada, siendo los poderes públicos los responsables de promover las condiciones necesarias y de establecer las normas adecuadas para hacer efectivo este derecho.

Y yendo más cerca, el propio estatuto de Andalucía reconoce en su artículo 25 “la obligación de los poderes públicos de favorecer el acceso en condiciones de igualdad a una vivienda digna y adecuada, estableciendo las medidas necesarias para tal fin. Y más allá de lo que digan los tratados, las leyes y las normativas de todo tipo, el principio moral, el sentido común, y el razonamiento más básico de un ser humano, nos lleva a concluir que las personas merecen per se, una vivienda por subsistencia, más allá (y por encima) de cualquier lujo que pueda tener cualquiera posterior a conseguir lo básico para vivir su vida con dignidad.

En este sentido, las autoridades que han venido gobernando (en el pasado) tanto en el gobierno nacional o central, como el autonómico no han creado las condiciones necesarias para que la población acceda a una vivienda digna, ni han promovido las normas apropiadas para hacer valer ese derecho.

Por el contrario. Han creado las condiciones adecuadas para que ese derecho se convierta en mercancía y esa necesidad humana en mercado especulativo. Han creado todo tipo de leyes, normativas y reglamentos para que los que ostentan el poder económico y financiero accedan a especular con esa necesidad. Y en el marco de esas condiciones, la población a intentado (a como es natural) hacerse con una vivienda. No han habido más opciones que hipotecarse por varias décadas.

Está demostrado que se pueden construir viviendas a bajo coste, de buena calidad y con acceso a precios sociales. Sin perder, sin especular, sin ganar millonadas. Sin embargo tanto el estado central, como el autonómico se han hecho de la vista gorda mientras duraba la fiesta de la especulación financiera.

Hay alternativas, a como ha propuesto Izquierda Unida (por ejemplo) en varias ocasiones. Y entre esas alternativas está la de estimular la construcción de viviendas públicas de protección oficial, la promoción de viviendas de autoconstrucción cumpliendo todas las normativas en materia de construcción a todos los niveles; y por supuesto con el apoyo de todos los poderes públicos.

Y aterrizando actualmente en el tema de las corralas de Sanlúcar, es necesario aclarar que todo este relajo lo han creado otros, y que esos, han venido aumentando todo ese caos ordenado e interesado durante muchos mandatos. Que los que ocupan las viviendas son victimas de un sistema injusto que los ha empujado a la calle y les ha quitado sus derechos más elementales. Que tanto ellos, como

cualquier otro ser humano tiene derecho a una vivienda. Que los poderes públicos deben de darles respuesta y por ello es necesario que las organizaciones sociales locales, se pongan de acuerdo en un plan de acciones que encauce esa lucha hacia la creación de políticas públicas activas, efectivas, viables, y sobre todo reales para la solución de ese gran problema que tiene la población de

No vale (desde ninguna posición política, ni ideológica) engatusar a estas personas prometiéndoles cosas que no son reales. No vale azuzar a estas personas para que actúen de una forma u otra, aunque dichas acciones no sean maduras y meditadas. No vale crear un discurso en caliente que exacerbe la impotencia de dichas personas para luego no tener nada en la mano. No vale lanzar al fuego, cuando pueden pensar y debemos pensar en conjunto cómo buscar soluciones sin necesidad de que nadie salga quemado.

Creo que en este tema no vale el populismo barato, sino soluciones reales, en base a situaciones reales, objetivos reales y soluciones factibles. No vale vender utopías cuando los cañones apuntan directamente a la sien de todo el mundo. El PODER es pragmático en estos asuntos, y así de pragmáticas deben de ser las soluciones.

La utopía sirve para caminar, pero no hace el camino por si sola. No vale vender utopías, sino construir el camino, y para construir ese camino lleno de soluciones al problema de la vivienda, hay que pasar por ser realistas y pragmáticos. No se puede vender pan sin tener ni harina, ni horno. Por tanto quiero decir que es necesario una análisis profundo de las necesidades de vivienda, de la situación real de las viviendas existentes, del marco legal vigente, de los poderes que usan y utilizan ese marco legal para hacer y deshacer, de las posibilidades presupuestarias o disponibilidad de recursos, para fomentar y crear políticas autonómicas y municipales para empezar a construir una nueva sociedad sanluqueña. El consenso entre fuerzas debe basarse en principios y no en rivalidades ideológicas. El consenso debe basarse no en electoralismos, ni en personalismos, sino en voluntades y amor a la justicia social, y por tanto al compañero, al vecino, al ciudadano.

Es importante un cambio de rumbo político en Sanlúcar, que sea radical y que garantice esos cambios de políticas a nivel municipal (con proyección autonómica y nacional); y al mismo tiempo que esos cambios generen garantías para el disfrute del derecho humano y fundamental a una vivienda digna.