"Cualquier enfoque en el ámbito de la desinformación siempre debe respetar la seguridad jurídica y la libertad de los medios de comunicación. Y no tenemos motivos para creer que no sea así en el caso español", afirma la Comisión Europea

 

¿El Gobierno estaba obligado a redactar esa orden ministerial sobre una Comisión Permanente para la Desinformación y de esa manera? Pues seguramente podría haberse hecho de otra manera, en tanto que no se trata de una directiva que haya que trasponer, sino de unas líneas generales marcadas por la Comisión Europea en relación con la influencia de agentes externos en campañas electorales –hubo mucha preocupación en las últimas elecciones europeas–, así como en la crisis de la pandemia y, además, de la puesta en marcha de un equipo de respuesta rápida que requiere de contrapartes en los Estados miembros para coordinarse mejor. Y, por eso, la iniciativa, que supone la creación de una comisión con competencias para hacer informes pero no censurar, cuenta con el visto bueno del Ejecutivo comunitario, cuya primera reacción fue errónea al vincular la orden ministerial con el marco del estado de alarma. Por lo tanto, mucho menos aún, puede ser una iniciativa que ponga en riesgo un solo euro de los 140.000 millones que tiene adjudicados España, entre subvenciones y préstamos, del plan de recuperación europeo.

 

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