Evitar la exclusión social, mediante el fomento del empleo desde el Ayuntamiento.

Fernando Hernández.- Es sabido que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de empleo, las mismas son del Estado y de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento se limita a convertirse en una entidad colaboradora para el desarrollo de programas que tienen que ver con la formación profesional, la orientación laboral y el empleo.

De las pocas competencias en materia de empleo de las entidades locales, dejando al lado la de infraestructuras productivas, como polígonos, etc., hay una pequeña posibilidad de actuar sobre el fomento del empleo desde el Ayuntamiento. Si tenemos en cuenta que la Corporación Municipal tiene capacidad de compra y de inversión, y además esta es una cantidad bastante significativa en el tejido productivo local, por qué no aprovechar esa capacidad de compra e inversión, no solo del Ayuntamiento sino también de sus Organismos Autónomos y Empresas Municipales, para introducir una serie de cláusulas en la contratación pública municipal, con los que se garantice una serie de obligaciones a cumplir por parte de las empresas que contraten con el Ayuntamiento.  Es lo que actualmente se le llama “Cláusulas Sociales”, que algunos Ayuntamientos están llevando a cabo en sus correspondientes municipios.

Las cláusulas sociales, en definitiva,  no son otra cosa, que la inclusión de criterios de política social en los procesos de contratación pública, en los contratos que realiza el Ayuntamiento con terceros para obtener bienes, obras o servicios. Y estas pueden referirse a fomentar: la inserción laboral de colectivos desfavorecidos, la estabilidad laboral, el uso racional de la jornada de trabajo, conciliación vida laboral y familiar, derechos colectivos o el fomento de las empresas de economía social, etc.

En la actualidad, quizás la cláusula más importante que debiera utilizar el Ayuntamiento, por el contexto en el que estamos, sería aquella que permita fomentar el acceso al empleo de colectivos con riesgo de exclusión social, en primer lugar, independientemente del colectivo de desfavorecidos al que pertenezca, y después, por razón de edad (jóvenes menores de 30 y mayores de 45 años), por cuestiones personales o sociales (discapacidad, etnia, exreclusos, extoxicómanos) y de manera transversal en todos estos colectivos y en general, las mujeres (discriminación por razón de sexo y género).

Creo que sería en momento adecuado, está en desarrollo el Pacto Local, para concertar e introducir estos criterios de ponderación positiva, en los procesos de adjudicaciones que se realizan desde la institución municipal, para la contratación de bienes, obras y servicios, a través de los cuales se garantice el cumplimiento de una serie de obligaciones a cumplir por parte de las empresas que contraten con el Ayuntamiento. Por ejemplo, que la empresa adjudicataria se comprometa a incorporar a la obra o servicio al menos un 15% de personas provenientes de los colectivos de personas desempleadas que se encuentren en especial dificultad para acceder al empleo, riesgo de exclusión, mediante informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

Puede ser bastante útil la introducción de las cláusulas sociales como instrumento que contribuya a facilitar la inserción sociolaboral de las personas y colectivos más vulnerables de nuestra ciudad. Y las mismas pueden contribuir a enriquecer una nueva línea de política activa de empleo que tienda a implantarse dentro de un modelo de desarrollo económico y socialmente sostenible.

Las cláusulas sociales se constituyen como una herramienta nueva, legal y rentable económicamente y socialmente hablando. Y puede suponer un paso más en el cambio de concepción de las políticas sociales en torno a la exclusión social, pues frente a la lógica asistencial, que impera tradicionalmente en la lucha contra la exclusión, se impone una línea de intervención que busque salida a través de la inserción socio-económica mediante el empleo. Por que el empleo sigue siendo el elemento de integración social por excelencia, el que da acceso de ciudadanía, por ello la generación de oportunidades de empleo se ha relevado como una de las herramientas más eficaces en la lucha contra la exclusión. 

Mediante la activación de una política de fomento del empleo de los colectivos más desfavorecidos a través de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública municipal se pude dar un paso importante en el fomento de la corresponsabilidad social, no solo de  Ayuntamiento, sino también, y sobre todo, de las empresas privadas que se adjudican los contratos públicos.