La opinión pública sanluqueña no entenderá las razones por las que en este país, en su historia democrática, se han indultado a terroristas, militares golpistas, policías torturadores, políticos corruptos, delincuentes varios, etc., pero se niega esta gracia a un político de provincias, apoyado socialmente,  que fue condenado por empujar a un policía local.

Pepe Fernández..- El miércoles 30 de septiembre Antonio Prats dejó de ser concejal del ayuntamiento de Sanlúcar en representación del Partido Andalucista al habérsele denegado el indulto solicitado al Consejo de Ministros.La justicia después de muchos años ha dictado sentencia, una vez agotado los recursos por parte del político andalucista, y por lo tanto se debe ejecutar ya que el poder político representado por el Consejo de Ministros del gobierno de España corrobora el dictamen de la justicia, negando el indulto.

El equipo de gobierno PSOE-CIS de Sanlúcar ha cumplido con la ley al notificar públicamente en el Pleno de Septiembre el cese del político andalucista.

Mucho se habla de las formas en las que se han desarrollados los acontecimientos y, como se han marcado los tiempos con la filtración de la noticia a los medios antes que el condenado o sus abogados tuvieran conocimiento de ella.

Mientras que la alcaldesa, Irene García, asegura que la notificación proveniente de la audiencia provincial llegó al ayuntamiento el viernes día 25 de septiembre, el mismo Prats afirma que ese mismo día y en conversación telefónica con el Secretario del ayuntamiento de Sanlúcar le comunicaba que no tenía conocimiento de que hubiese llegado la denegación del indulto.El sábado 26, Sanlúcar Información publica  la noticia.

Muchos ciudadanos, si exceptuamos a sus detractores y adversarios políticos interesados, no van a entender que la persona de Antonio Prats no hya sido merecedora de esa prerrogativa del gobierno español para indultar a un ciudadano, cualquiera que sea el delito cometido , más aún cuando el político andalucista cumplía las condiciones para obtener el indulto. A saber:   " Que no cause perjuicio a tercera persona o lastime sus derechos.    Que haya sido oída la parte ofendida, cuando el delito por el que haya sido condenado el reo sea de los que sólo se persiguen a instancia de parte (como la calumnia y la injuria, entre otros)."  

Por esta razón alcaldes varios de este país, como el de Carboneras  Cristóbal Fernández y su hermana María del Rosario (PSOE) fueron indultados de la condena de seis meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público impuesta por un delito cometido en las elecciones municipales de 1999. 

En noviembre de 2007 el Consejo de Ministro (socialista) indultó a sus compañeros de partido  y dirigentes socialistas Mario González, Pedro Pérez, José A. Martín y Pablo Sastre de las  penas de seis años de cárcel por las que fueron condenados por un cargo de falsificación de documentos en 1997 en Osakidetza (País vasco).

Desde los años 90 más de 30 agentes de seguridad del estado han sido indultados de las penas impuestas por delitos cometidos en el ejercicio de sus deberes relacionadas con el abuso de poder y de fuerza desproporcionada, léase torturas.

Igualmente se indultaron a golpistas del 23 F de 1981 por delitos de rebelión, y si el indulto no se extendió a la mayoría de éstos fue porque se  negaron a reconocer y jurar la Constitución Española.

Entre las 402 personas indultadas en 2008 y las 97 hasta marzo de este año de 2009  "existen dos perfiles mayoritarios que se repiten en los expedientes. Por un lado, el de las personas que cometen su primer delito y que no denotan peligrosidad. Y en segundo lugar están los toxicómanos: suelen ser drogodependientes que han cometido un delito contra la salud (tráfico de drogas) o robo, y su indulto siempre está condicionado a que acudan a programas de desintoxicación y se rehabiliten" y sin duda Antonio Prats estaba encuadrado en el primer grupo, además el indulto permite estas excepciones cuando lo que se atiende son razones sociales y así lo define el Ministerio de Justicia la conmutación de penas que puede otorgar el Gobierno.

De 1982 a 1997 más de 90 miembros de ETA consiguieron el perdón de los distintos gobiernos socialistas o populares. 

Es más que creíble, que una petición a tiempo o una llamada telefónica de quienes podían impedirlo, hubiese bastado para evitar este bochornoso espectáculo para la ciudad de Sanlúcar, que con su dudoso  historial  político de muchos de sus actores  es, sin embargo, la primera vez que se priva de su sillón en el Pleno a un concejal, en este caso  condena firme por agresión a la autoridad.

La opinión pública sanluqueña no entenderá las razones por los que en este país en su historia democrática se han indultado a terroristas, militares golpistas, policías torturadores, políticos corruptos, delincuentes varios, etc., pero se niega esta gracia a un político de provincias, apoyado socialmente,  que fue condenado por empujar a un policía local.

Como afirma tanto la alcaldesa Irene García como el grupo socialista, es cierto que en el 2001 no gobernaba el PSOE y más cierto aún que este partido no ha condenado a Antonio Prats, pero a nadie le puede pasar desapercibido  que la decisión tomada por el Consejo de Ministros se haya hecho sin que previamente éste recabara la información necesaria de las fuentes políticas cercanas, obviando las razones que podrían haber cambiando la decisión final.Y si no fue así, entonces lo echaron a cara o cruz.