Nadie pone en duda las bondades del progreso tecnológico, pero éste no puede hacerse a costa del pan de muchas familias y menos aún cuando la administración ha repartido a su antojo las adjudicaciones de TDT

El apagón analógico que tendrá lugar definitivamente el 3 de abril se espera con cierta ansiedad. Se habla mucho de aspectos tecnológicos (nitidez, alta definición, teletextos, epgs…) pero poco del coste que supondrá para los usuarios, obligados al cambio de antenas en los edificios o a la compra de un receptor, incluso, en el caso de las personas más pudientes, un televisor panorámico nuevo, ya que con la implantación de la TDT podremos ver un formato de 1920X1080.

Lo cierto es que, aunque nos vendan la recepción de la TDT con un simple “aparatito”, si no cambiamos de televisor, la imagen, con la tele de toda la vida a 768X576, saldrá deforme. ¿Cuánto le supone este paso digital al ciudadano? ¿Cuánto a las administraciones, que somos todos, el cambio en la alta frecuencia?

Pero hay un aspecto que supone la implantación de la TDT que casi nunca se menciona y es el paro que originará. Los empleados de las televisiones analógicas locales que carecen de licencia digital se han enfrentado ya con el desempleo en algunos casos y, en el resto, cambiarán, para mal, su situación laboral en coincidencia con el tan cacareado apagón.

¿Cómo es posible que la clase política, aparentemente tan preocupada por los índices de inactividad, mantenga silencio en torno a esta problemática? ¿Cómo puede mostrar semejante indiferencia hacia unos empleados que ven ahora desbaratarse los logros conseguidos, primero el hecho de disfrutar de un puesto de trabajo, después los avances cosechados, a lo largo de los años, tras denodados esfuerzos? Hablo de personas que han llevado a millones de hogares los latidos de un pueblo, en ocasiones sobreponiéndose a precariedades de todo tipo, damnificados sin culpa alguna que sólo encuentran el silencio de la administración, en crudelísimo contraste con la actitud que los gobernantes han mostrado en casos como Delphi o Astilleros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que no pertenecen a grandes plantillas? ¿Que no han cortado el puente Carranza ni destrozado mobiliario público? ¿Alguien se ha parado a pensar que estos trabajadores van al paro como consecuencia de una decisión administrativa ante la que se les deja en la más absoluta indefensión, contexto que contrasta claramente con las ayudas establecidas para los afectados por decisiones que competen estrictamente a la iniciativa privada?

Nadie pone en duda las bondades del progreso tecnológico, pero éste no puede hacerse a costa del pan de muchas familias y menos aún cuando la administración ha repartido a su antojo las adjudicaciones de TDT.Me pregunto también, por último, si el famoso apagón analógico incluye también la obligación simultánea de emitir a las nuevas adjudicatarias de TDT Local, porque ¿dónde pueden trabajar quienes han perdido su empleo por pertenecer a empresas que no han conseguido licencia?

Las arcas públicas no están como para cargarlas con más desempleados.