Varios colectivos denuncian en la fiscalía la demolición de la casa del carril

Un grupo de colectivos ciudadanos, formado por Aula Gerión, Ecologistas en Acción Sanlúcar, Grupo Municipal de Izquierda Unida y Asociación Cultural Tartaneros4, han denunciado en la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Cádiz la reciente demolición de la casa del Carril de San Diego, nº 20, al objeto que se abra una investigación judicial para dirimir las posibles responsabilidades y delitos cometidos por las partes implicadas en la desaparición de este inmueble del siglo XVII. La denuncia se ha acompañado de casi 600 firmas de personas que han apoyado esta acción judicial.

Tras doce años de abandono, ocho de los cuales el carril de San Diego ha estado cortado al tráfico, como consecuencia del apuntalado de la casa en 2007, lo cual ha causado gran perjuicio para los vecinos de la zona, tanto la Gerencia Municipal de Urbanismo y  su Presidente, Víctor Mora Escobar, como la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía han autorizado la demolición parcial (casi total) de este emblemático edificio, tal como deseaba la empresa propietaria, “Benegil y Carril de Sanlúcar, S.L.”, en cuyo solar quiere edificar locales comerciales desde un principio.

Los colectivos denunciantes han solicitado a la Fiscalía que investigue este caso, pues consideran que las tres partes implicadas han incumplido la legislación vigente. Por un lado, la empresa propietaria, al dejar abandonado durante doce años el inmueble, ha podido incurrir en un delito contra el Patrimonio Histórico, pues según la LPHA de 2007, “las personas titulares, propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores”.

 

Los denunciantes consideran que el carril no debería haberse cortado al tráfico en ningún momento y que el Ayuntamiento no ha actuado con la suficiente diligencia y eficacia. Ante el problema suscitado, el Ayuntamiento y la GMU debieron forzar una solución más rápida, mediante la negociación u otros recursos jurídicos, sin que hubiese existido el corte del tráfico durante ocho años. La dejadez de la gestión municipal en este asunto resulta escandalosa, para finalmente terminar con la demolición del inmueble.

 

Por otra parte, los denunciantes consideran que la Gerencia de Urbanismo, al autorizar esta demolición, podría haber incumplido los artículos 321 y 322 del Código Penal, así como la Ley de P. H. de Andalucía, que en su art. 4, prescribe que “Corresponde a los municipios la (…) conservación de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su término municipal, (,,,) Asimismo podrán adoptar, en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes del Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés se encontrase amenazado…”. Tras doce años de abandono, la actuación del Ayuntamiento no parece suficiente para que se den por cumplidas estas obligaciones legales.

 

Por último, los colectivos opinan que la Delegación Territorial de Cultura de Cádiz de La Junta de Andalucía, ha podido incurrir en arbitrariedad, injustificable técnicamente, respecto a sus criterios y resoluciones de 2006 y 2014 -mientras que en la primera se deniega la demolición, en la segunda se autoriza la demolición parcial-, habiendo podido incurrir también en conducta delictiva de prevaricación administrativa y alteración destructiva del Patrimonio Histórico, según el art. 322.2 del Código Penal. Asimismo afecta a esta administración los artículos 15,16 y 18 de la LPHA, de cuyas facultades no ha hecho uso la citada Delegación.

 

Los denunciantes razonan que tanto la propiedad como el Ayuntamiento y la Delegación Territorial de Cultura, en cuanto que tienen conocimiento, han dejado abandonado el inmueble durante diez años, de forma conjunta, mediante conducta negligente, sin que ninguna parte haya hecho nada para salvaguardar este importante testigo del Patrimonio Histórico de Sanlúcar; unos por especulación y otros por dejación e incumplimiento de las funciones que les marcan las leyes, no habiéndose adoptado ningún tipo de medidas cautelares ni subsidiarias. En esta misma línea, ninguna de las partes denunciadas han atendido las recomendaciones realizadas por la sentencia del TSJA dictada el 8 de enero de 2009 y del Defensor del Pueblo Andaluz de 2014, en las que se abogaban por conservar la Casa del Carril.

 

Las numerosas demoliciones de bienes de interés patrimonial, que se han producido en los últimos décadas, ha generado una gran indefensión entre la ciudadanía en general, que se halla indignada ante tanta destrucción del Patrimonio Histórico de Sanlúcar, viniendo el derribo de esta casa y su torre-mirador a ser la gota que ha colmado el vaso. Buena prueba de ello son los cientos de firmas de ciudadanos que han apoyado esta denuncia.

 

Los denunciantes consideran ilegal la demolición de esta casa protegida, y en especial sus tejados y torre-mirador. Este valioso elemento, característico de las casas de cargadores a Indias del siglo XVII, se localizaba en la segunda crujía de la edificación y, por tanto, no obstaculizaba la apertura de la calle al tráfico, que parece ser el móvil que ha primado en este derribo, el cual además podría tener fines electoralistas, pues se ha ejecutado un mes antes de las elecciones municipales. Una vez más se ha demostrado que la normativa del PGOU de Sanlúcar no es más que “papel mojado”. Ahora, estos ciudadanos confían que se haga justicia ante este nuevo atropello al conjunto patrimonial de Sanlúcar.

 

Aula Gerión, Ecologistas en Acción Sanlúcar, Grupo Municipal de Izquierda Unida y Asociación Cultural Tartaneros4.

 

Más información en las Web de los colectivos.